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Joaquín García Cruz

Menuda política

La queja de Pilar

La alcaldesa de Cartagena se apunta al victimismo al sentirse tratada «como un delincuente»

Tengo a Pilar Barreiro por una política eficiente, imperiosa pero capaz, que ha sabido liderar la modernización de Cartagena (al tiempo que la Murcia camarista languidecía), y que desde 1995 ha aportado al granero del PP votos a espuertas, hasta el batacazo de las europeas. Pero acabo de borrarla de mis favoritos, al ver que también ella se engancha al montón cada vez más nutrido de los políticos victimistas. El victimismo -que en psiquiatría llega a tratarse como un trastorno paranoide de la personalidad- debería prohibirse en boca de gobernantes, porque la simple utilización de la palabra ofende a quienes de verdad sufren los rigores de una crisis agravada por la ineptitud  de los políticos (unos, la mayoría, manirrotos, y otros, la minoría, golfos). Muchos de éstos tienden ahora, al igual que la alcaldesa de Cartagena, a proclamarse víctimas de infortunios y conspiraciones. Y no tienen derecho. No se dan cuenta de que resulta grotesco que vayan de mártires quienes gozan de prebendas al alcance solo de alcaldes, parlamentarios, consejeros y ministros, aquellos que manejan fondos públicos con movimientos invisibles para el ciudadano, los que acceden en ocho años de cotización a pensiones vitalicias, quienes van a jugar al tenis en coche oficial o lo usan para dejar al nene en el colegio. Sostiene la alcaldesa Barreiro que su condición de sospechosa ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por su actuación en el proyecto urbanístico de Novo Carthago la hace sentirse como «un delincuente», y que no puede defenderse de lo que ella considera un «proceso paralelo». Lo tiene sin embargo muy fácil: declara voluntariamente ante el tribunal, responde a cuantas preguntas se le formulen por las partes personadas en el caso (la Fiscalía, el PSOE y los ecologistas de Anse), y después hace lo mismo ante los medios de comunicación, para que su proclamación de inocencia llegue a todos los rincones donde interese escucharla. Y problema resuelto. Dispone incluso, si ve que se queda corta, de la opción de renunciar al aforamiento de que disfruta-junto con otros 10.000 políticos en España- gracias a su condición de diputada al Congreso. Cualquier cosa menos denunciar que se siente tratada «como un delincuente». Ella es una privilegiada, y reclamar para sí la condición de víctima es confundir los papeles. Las víctimas son otros, y no viajan en coche oficial ni les asiste la prerrogativa de declarar por escrito para que el juez no vea cómo se les sonroja la cara ante sus incómodas preguntas.

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