Juan Escudero, en una foto de archivo. V. Vicéns / AGM

Tiene más razón que un santo el exalcalde socialista Juan Escudero al clamar contra los ocho años que dura ya la instrucción del ‘caso Ninette’, sobre corrupción urbanística en Los Alcázares, en la que se ve imputado por prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias y cohecho. Tanta dilación lo mantiene en un sinvivir, «con todo mi patrimonio y cuentas intervenidas», y atrapado en una situación que se le hace «humana y jurídicamente inasumible», sin que sus vecinos puedan discernir si Escudero diseñó torticeramente el municipio a medida del delincuente Juan Antonio Roca y sus amigos, obteniendo para sí un beneficio ilícito, o si se guió por el interés general del pueblo, como era su deber. Urge ya una sentencia que restituya el honor perdido de Juan Escudero, y el de otros gobernantes imputados, para que la gente sepa por fin a qué atenerse y les devuelva la estima social que acaso injustamente se les arrebató o, por el contrario, pueda repudiarlos con toda la fanfarria posible. La pena del telediario, de la que los políticos acostumbran a despotricar, supone ciertamente un calvario personal insufrible y una afrenta pública, que para más inri bien podría concluir en una absolución con todos los pronunciamientos favorables, pero proclamada sin tiempo ya de restituírsele su dignidad. No es de recibo que la ciudadanía siga maliciándose con los 50.000 euros que Francisco Marqués escondía en el trastero cuando la Guardia Civil le registró la casa sin avisar, después de que como consejero firmara recalificaciones urbanísticas bajo sospecha. Nada más cruel hay para un ‘honorable’ presidente de Cataluña, para el tesorero nacional de un partido, para un delegado del Gobierno, para un consejero o para un alcalde en activo que verse señalados por la calle como si fueran corruptos antes siquiera de que los tribunales se pronuncien en firme, o sea, cuando aún mantienen su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Tienen razón Escudero y cuantos políticos se quejan de la lentitud exasperante de la Justicia, porque necesitan poder caminar otra vez con la cabeza alta y sin que se les mire de reojo. Olvidan sin embargo que la pena del telediario que tanto les aflige es menor que la pena cívica que mucha gente siente al constatar que un abogado de minutas largas les salva una y otra vez de la cárcel, y menos dolorosa también que la certeza de que no devolverán el botín, por más que algún día lejano pudiera probarse que, efectivamente, trincaron la pasta. Eso sí que es una pena.