Es verdad que chirría, y mucho, que un secretario de Estado cobre más que el presidente del Gobierno, pero eso no representa sino un reflejo del sistema lioso por el que se rigen las remuneraciones de los políticos, que son probablemente los más interesados en mantener semejante maraña de abusos, rarezas y arbitrariedades. Un debate difícil, éste de los sueldos de los cargos públicos, que rebrota ahora de la mano del nuevo portal gubernamental de transparencia pero que resuena indecente en un momento de profunda crisis social. ¿Cómo establecer un criterio aceptable y merecedor de la confianza ciudadana? La comparación con otras naciones del entorno se queda coja siempre, porque arroja disparidades abultadas y no tiene en cuenta la ratio entre la emolución de los políticos y el salario medio de cada país, que habría que ponderar. Tampoco ayuda la propuesta de Podemos, que sitúa la soldada justa en tres veces el salario mínimo interprofesional, un baremo que perpetuaría la casta -ya de por sí muy nutrida- de quienes se aferran a la gestión pública por carecer de una fuente propia de ingresos, aunque ofrece como contrapartida ventajosa la imposibilidad de enriquecerse a costa de la Administración, al menos lícitamente. Quizá una fórmula razonable para poner orden en este asunto sería que los políticos cobraran conforme a su última declaración del IRPF, a partir de la cual un elemento corrector por abajo y otro por arriba garantizarían la idoneidad de la paga resultante -ni indigna ni exagerada-, y tendría el doble efecto purificador de que nadie recurriría a la política solo para ganarse la vida ni ahuyentaría de la gestión pública a los buenos profesionales que ganan más en sus ocupaciones civiles. Pero sería preferible -y más divertido- que los sueldos de los políticos guardaran, siquiera parcialmente, una relación directa con los resultados de su gestión, medibles éstos periódicamente por los electores y los administrados a quienes sirven. Puestos a observar el patio con estos prismáticos, habría diputados, alcaldes y senadores que no deberían cobrar ni la mitad de lo que se llevan cada mes a casa, y otros que merecerían sin duda una retribución mejor. ¿Se imaginan una suerte de referéndum, por ejemplo una vez al año y a través de internet, en el que los ciudadanos pudiéramos rebajar democráticamente el sueldo de un concejal que mantiene sucias las calles de su pueblo, o incrementar el de un consejero que ha demostrado su eficiencia en el cargo?