La comisión de investigación sobre la desalinizadora de Escombreras forma parte del acuerdo PP-Ciudadanos que posibilitó la investidura de Sánchez, por lo que su constitución no puede escamotearse. Urge que Valcárcel y Cerdá comparezcan ante la Asamblea y expliquen por qué comprometieron el pago por la Comunidad de 600 millones para poner en marcha una instalación que el Tribunal de Cuentas consideró ruinosa y la Intervención General de la Administración regional juzga ya inviable. Y conviene que sean capaces de convencer a la opinión pública de que la planta fue un dislate, uno más de aquellos años, pero no un montaje para abastecer a la fallida urbanización de Novo Carthago, que también pasará por una investigación parlamentaria y que, al igual que la desalinizadora, tiene -tristemente- aspecto fangoso y matasellos judicial.