A la vista del pacto con el PP, y de las declaraciones de sus dirigentes, el partido de Rivera solo exigirá el cese de un cargo público si hay enriquecimiento ilícito o financiación ilegal, lo que ofrece una lectura interesante en la política regional

La «separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial», figura, tal cual, en el pacto que los portavoces parlamentarios de PP, Rafael Hernando, y Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, suscribieron el pasado día 19 en el Congreso de los Diputados para explorar una negociación -ya, prácticamente concluida- que posibilite la investidura de Mariano Rajoy. Las conversaciones arrancaron con tanta euforia que Rafael Hernando se acordó de Humphrey Bogar en ‘Casablanca’ para significar la voluntad de los firmantes de cerrarlas con un acuerdo que ponga fin al bloqueo institucional: «Este es el principio de un gran amor», exclamó Hernando, sin percatarse de que cualquier proceso de esta naturaleza pasa siempre por altibajos. A un acercamiento sigue un desencuentro, los nubarrones preceden a días soleados, y así hasta llegar al desenlace. De hecho, las negociaciones encallaron el miércoles, debido a la resistencia del PP a financiar el gasto social exigido por Ciudadanos, y el jueves alcanzaron su punto crítico, en forma de un ultimátum de Ciudadanos -después, prorrogado- para sellar la entente en 24 horas o romper la baraja, lo que obligó a Mariano Rajoy y a Albert Rivera a bajar a la arena para reconducir personalmente la situación. Anoche, todo indicaba que el pacto de investidura que sumaría a los 137 diputados del PP los 32 de Ciudadanos y el de Coalición Canaria se oficializaría hoy, sin que deba descartarse, visto lo visto, otro giro inesperado. Los escollos en los que han tropezado hasta el momento los negociadores tienen más que ver con el contrato único y la desaparición del Senado y de las diputaciones provinciales que con la corrupción, lo que resulta llamativo, toda vez que la regeneración democrática constituye la baza sustantiva de Ciudadanos para hacerse oír, su bandera y casi su razón de ser. Allí donde Ciudadanos ha podido condicionar a gobiernos de otras siglas (los del PP en Madrid, La Rioja y Murcia, y el socialista en Andalucía), lo ha hecho con pactos de investidura cuya piedra angular es un acuerdo anticorrupción, muy parecido al suscrito este mes por Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, en el que las dos formaciones se comprometen a apartar de sus cargos a los «imputados por corrupción política», aun a sabiendas de que la ambigüedad de esta expresión (‘corrupción política’) dificulta la aplicación del pacto porque no está tipificada en el Código Penal, lo que la deja a merced de interpretaciones interesadas. Cuando un juez cita a un político a declarar en calidad de imputado (investigado, se dice ahora), suele inquirirle por prevaricación administrativa, falsedad en documento, fraude a la Administración o/y negociaciones prohibidas a los funcionarios, supuestos todos ellos encuadrados en el título del Código Penal denominado ‘Delitos contra la Administración Pública’. La ‘corrupción política’, en definitiva, no es un delito y, por ende, no puede ser por sí misma motivo de imputación.

Si el trato de Rajoy con Rivera toma cuerpo en los términos conocidos hasta hoy, y prospera en última instancia (lo que dependerá de que el PP consiga investir a su candidato, en septiembre o en un intento posterior), Ciudadanos tendrá que admitir que ha rebajado mucho el listón de sus exigencias regeneracionistas iniciales, y que contribuirá menos de lo esperado al refuerzo de la lucha contra la corrupción. En plena negociación de estos días, cayó sobre la mesa, en forma de obstáculo, el nombre del diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, exalcalde de La Vall d’Uixó y procesado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales. Pero los negociadores apartaron enseguida la piedra del camino, con el fin de seguir avanzando hacia el pacto. José Manuel Villegas, el vicesecretario general de Ciudadanos, declaró al ser interpelado por los periodistas que la corrupción que debe constatarse para apartar a un imputado «implica enriquecimiento ilícito del cargo público o de terceros, o bien financiación ilegal del partido, supuestos que no se aprecian en este caso». Blanco y en botella, ahora sí. Esta nueva filosofía del partido de Rivera para retirar a un imputado de las instituciones reduce bastante la ambigüedad del término ‘corrupción política’ plasmado en el acuerdo bilateral del día 19. Con esta manifestación de su ‘número 3’ nacional, Ciudadanos aclara que solo reclamará el cese de un cargo público cuando haya de por medio dinero ilegítimo, para sí o para su partido. Aparte de otras cuestiones -y no banales- que quedan sin respuesta, como qué hará Ciudadanos cuando un concejal llegue hasta el banquillo por delitos contra la Administración Pública, o si la imputación de un alcalde arrastra consigo la ingobernabilidad de un ayuntamiento -como sucedió durante los últimos agónicos días de Miguel Ángel Cámara en Murcia-, este repliegue doctrinario de Ciudadanos ofrece una lectura interesante en la Región. De momento, los cinco concejales del PP en Murcia, Torre Pacheco y Puerto Lumbreras imputados por prevaricación administrativa se habrán sentido aliviados, pues en ningún caso se les incrimina -ni desde la Fiscalía ni por parte de las acusaciones particulares- por enriquecimiento ilícito o financiación ilegal. Los presuntos delitos por los que el Fiscal Superior del TSJ se querelló contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, en el ‘caso Auditorio’ tampoco recogen tales supuestos. Cierto es que Sánchez se comprometió en público a dimitir si fuera imputado en la causa, pero siempre podría argüir -ante una eventual citación para declarar en calidad de investigado- que eran otros tiempos, que suscribió con Ciudadanos un ‘pacto anticorrupción’ que le obligaba a cesar porque entonces era lo que exigía el partido de Rivera, pero que su actuación como alcalde en Puerto Lumbreras, aunque pudiera terminar mereciendo algún reproche penal, no entraría ya en lo que ahora Ciudadanos considera ‘corrupción política’. Y la dirección regional de Ciudadanos tendría que asumirlo, y aflojar la soga, porque así lo han proclamado sus jefes en lo que parece, efectivamente, el principio de un gran amor con el PP.