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Joaquín García Cruz

Menuda política

De hienas y mentiras

Reescribir la historia equivale muchas veces a falsearla. A Rita Barberá no la quitó el PP de enmedio para protegerla de las hienas, como sostiene Rafael Hernando, sino porque necesitó sacrificarla para que Ciudadanos le dejara formar gobierno. También falta al rigor Hernando cuando pregona a los cuatro vientos que al presidente de Murcia le han interpuesto sus adversarios diez querellas porque no le pueden ganar en las urnas. Y no fueron diez las denuncias, sino quince, según las cuentas que el propio Pedro Antonio Sánchez hizo el día en que trascendió que el fiscal Anticorrupción emplaza al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a imputarlo por cinco supuestos delictivos en el proceso de adjudicación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras. Quince sumó también el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez, para terminar de confundir. Pero los tres dirigentes del PP -Rafael Hernando, Pedro Antonio Sánchez y Víctor Manuel Martínez- cuentan mal. Son doce, en realidad, las acciones judiciales a considerar, de las que solo cinco se enmarcan en el ámbito penal y no todas van dirigidas contra él; el presidente suma dos veces una de ellas (como archivada en Lorca y como abierta en el TSJ), y además mete en el saco un recurso contra una causa previamente archivada, amén de incluir en la supuesta persecución a su persona cuatro denuncias ante la Junta Electoral (en 2007) y tres recursos contencioso-administrativos. Solo una de todas ellas -la querella de la Fiscalía- se mantiene viva. Esta es la verdad, como innegable resulta que en el ‘caso Auditorio’ se le imputa por parte del fiscal, con razón o sin ella, tres delitos -malversación, fraude y administración desleal- que se inscriben -sí- en el ámbito de la corrupción política.

El PP no tiene obligación alguna de hacer dimitir a sus cargos públicos por una mera imputación del Ministerio Público, y por ende tampoco a Pedro Antonio Sánchez. Más prudente parece esperar en estos casos a la apertura de juicio oral para consumar una defenestración que podría derivar injusta si llegara una ulterior absolución de los presuntos delitos inicialmente imputados. El problema del PP es que firmó dos pactos con Ciudadanos, uno en Murcia y otro en Madrid, en los que se compromete a promover el cese en el momento de la imputación, no cuando haya condena o se dicte un auto de procedimiento abreviado. Para Pedro Antonio Sánchez, esta hipoteca resulta más gravosa aún, por cuanto dio su palabra de que cesaría si se le imputaba en el ‘caso Auditorio’. Esto es lo cierto. Casi nunca son hienas las que muerden al crédito de las instituciones y de sus gobernantes, sino las mentiras con las que éstos intentan, groseramente, reescribir la historia.

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