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Joaquín García Cruz

Menuda política

La esquela

Pilar Barreiro es ya el problema principal de López Miras, que quedará tocado en sus intereses electorales si como presidente regional del partido no consigue, inmediatamente y sin conmiseración, que la senadora deje el escaño

Una esquela de página entera en los primeros periódicos del nuevo año, con su cruz gigante, su D. E. P., sus letras negras y su mal rollo, fue la forma elegida por los populares para comunicar a los cuatro vientos la defunción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En realidad, el gravamen habita aún entre nosotros, aunque ciertamente reducido a cenizas porque se ha minorado hasta un simbólico 1% el dineral que antes se apoquinaba por recibir una herencia entre padres, hijos y cónyuges y por realizar una donación ‘inter vivos’ con estos mismos grados de consanguinidad. La publicidad mortuoria no parece el mejor modo de felicitar a nadie ni de alborozarse ante una rebaja fiscal, pero el logro está conseguido, y con creces, si lo que se pretendía era hacer ruido y llamar la atención en las redes sociales, donde Mariano Rajoy contribuyó al debate con un ‘me gusta’ y la oposición sigue dándole cera a la esquela.

Lo sustantivo del asunto, sin embargo, no radica en tan singular alboroque, sino en la supresión misma del impuesto. Lleva razón el consejero Andrés Carrillo cuando la considera «una medida de política social de primer orden». Muchos de los 15.000 murcianos que cada año afrontaban el pago de este tributo terminaban renunciando por cientos al legado de una casa paterna, o de cuatro tahúllas en la huerta, ante la imposibilidad de abonar el gravamen, que no siempre era soportable para una economía modesta: recibir en herencia un bien valorado en 180.000 euros, por ejemplo, comporta ahora el pago previo a Hacienda de 240 euros, pero hasta 2015 suponía un castigo de 24.000 euros, que ya en 2016 se limitó a ‘solo’ 3.000 merced a una primera rebaja, también significativa (del 60%), pero que entonces no se anunció con tantas alharacas. La eliminación del impuesto no es, por consiguiente, una decisión que favorezca únicamente a los ricos. Y objetar que los 26 millones que la hacienda regional dejará de ingresar este año podrían destinarse a mejorar la sanidad llevaría al absurdo de preguntarnos por qué no volcar en el maltrecho sistema de salud la totalidad de las arcas públicas, dada la voracidad insaciable del gasto sanitario, que solo podrá contenerse -y va veremos hasta qué punto- de la mano de un nuevo y más razonable sistema de financiación autonómica. A mi parecer, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones constituye una buena noticia, quizá el primer mojón de un año, 2018, del que Fernando López Miras vaticinó en su discurso de Nochevieja que será el «más positivo de la historia reciente», empujado sin duda por un entusiasmo que, con independencia de que se antoja exagerado, anticipa la ruta de campaña que el PP ha dibujado ya, y que está marcada por la necesidad de poner tierra de por medio con Ciudadanos. El partido de Albert Rivera le comió la tostada a los populares en Cataluña y amenaza con un crecimiento electoral análogo en el resto de las comunidades, así que en esta pugna a codazos con la formación naranja es donde encaja el hecho de que PP y Ciudadanos se disputen como niños el mérito de haber eliminado el impuesto sucesorio. Tan lejos llegan unos y otros en su empeño por atribuirse la gloria de la rebaja fiscal -incluida por el PP en su programa electoral de 2015- que a la esquela de marras respondió enseguida en Twitter el jefe de filas de Ciudadanos, Miguel Sánchez, con un mensaje más propio de un consejero con mando en plaza que de un portavoz de la oposición: «Comenzamos el año eliminando impuestos».

La gresca durará hasta que las urnas se abran en 2019. Aún no habían terminado los dos partidos de enterrar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y allí mismo, en el velatorio, volvieron a chocar, pero esta vez por algo más peliagudo, de mayor gravedad y de resonancia nacional: la citación por el Tribunal Supremo de la senadora Pilar Barreiro, imputada en ‘Púnica’, el mismo caso que tumbó al expresidente Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos quiere su cabeza, y está en su derecho a cobrársela porque firmó un pacto de investidura con Mariano Rajoy, y los pactos se cumplen o se tiran a la basura.

Pilar Barreiro es ya el problema principal de Fernando López Miras. Si el PP sigue haciéndose el remolón con sus imputados, no podrá afianzar la solvencia de su candidato a la Comunidad Autónoma y su virginidad política quedará desautorizada como principal activo para conducir al PP hasta una victoria electoral. O López Miras hace valer su condición de presidente regional del partido, y aparta del Senado a la exalcaldesa de Cartagena -inmediatamente y sin la menor conmiseración-, o quedará tocado para siempre por la misma conchabanza que tantos disgustos ha traído al PP cuando le ha tocado lidiar con la corrupción y se ha cruzado de manos. Malo sería que López Miras se dejara conducir por su antecesor en la resolución de este asunto, y peor aún que aceptara las presiones de la propia Barreiro para mantenerse en el escaño, desoyendo el consejo que Paul Aster ofreció ante los periodistas durante la reciente presentación en Madrid de su (soberbia) novela ‘4 3 2 1’: «Los moribundos nunca deberían dar consejos».

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