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Joaquín García Cruz

Menuda política

Expertos que no dan la cara

Los técnicos que colaboran con Ciudadanos en la Región no quieren que se desvele su identidad, en una pulsión más de la falta de libertad de expresión que parecía superada y que estos días nos retrotrae al pasado en España

Los expertos fichados por Ciudadanos tienen miedo a salir a la luz y que se les corte la cresta. Atraídos por el ‘cazatalentos’ Miguel López Bachero para desarrollar las propuestas programáticas del partido naranja en la Región, trabajan discretamente desde hace meses aportando sus conocimientos técnicos a la causa de Albert Rivera, pero rehuyen salir del anonimato. Que si son altos funcionarios recelosos de perder canonjías, que si profesionales expuestos a la desacreditación social en una región pequeña… lo cierto es que se muestran renuentes a que Ciudadanos desvele sus identidades, en lo que resulta otro de los síntomas de regresión en el ejercicio de la libertad de expresión que salpican a la sociedad española y que nos retrotraen a momentos preconstitucionales. La retirada por Arco de una obra de Santiago Serra, el secuestro judicial de un libro tras la denuncia de un exalcalde gallego ligado al narcotráfico en el relato, y la condena del rapero Valtonyc por el Tribunal Supremo a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en las letras de sus canciones, reavivan estos días, más allá del inacabable y peliagudo debate sobre los límites de la libertad de expresión, viejos fantasmas que parecían olvidados, como la autocensura, que mucha gente se impone en las redes sociales (cuando no opta directamente por desertar de estas) para evitar el vilipendio público por parte de los patrocinadores de un buenismo de garras punzantes que hoy acobarda tanto o más que la ‘ley mordaza’ o que los atropellos normativos del franquismo. Los términos ‘presos políticos’, ‘presidente en el exilio’, ‘juicio sin garantías’ y otras expresiones derivadas de la declaración unilateral de independencia en el Parlament de Cataluña, y a las que se recurre inicuamente, no caben en la España actual, pero su mera acuñación nos devuelve a la prehistoria política, en la misma medida que lo hacen la prohibición de una inofensiva obra de arte, el secuestro de un libro y el encarcelamiento de un cantante, por provocadores y zafios que todos ellos pudieran parecernos. Es como si el país saliera bruscamente de la modernidad en la que se había encarrilado y regresara al pasado más oscuro, en una metáfora que se ve alimentada también por la reivindicación en la calle de unas pensiones justas y el clamor en favor de una equiparación salarial de hombres y mujeres, derechos ambos que creíamos consolidados, al parecer equivocadamente.

Los políticos seguirán aforados en Murcia, pese al acuerdo de la Asamblea

El mantenimiento de los aforamientos políticos es otra rémora histórica que se resiste a desaparecer. El pacto de investidura con Ciudadanos que sostiene al PP en el poder, en la Región y al frente de España, contiene entre sus numerosos preceptos la eliminación del privilegio que supone para gobernantes y cargos electos el hecho de que no se les pueda juzgar en un tribunal ordinario, como a cualquier mortal, sino que solo puedan ser encausados por salas especiales de los tribunales superiores de Justicia o directamente por el Supremo. Pero esta parte del pacto es de las que no se cumplen. Aunque los partidos dieron en la Asamblea Regional un primer paso en la dirección correcta, la eliminación del fuero, ‘rara avis’ en el resto de Europa, permanece encallada en Madrid, sin que haya la menor expectativa de que la iniciativa supere el trámite necesario en el Congreso, primero, y después en el Senado, donde el PP podría incluso frenarla con su mayoría absoluta, si quisiera. Visto el calendario, es seguro que decaerá al término de esta legislatura, por lo que quedará en papel mojado y sentar en el banquillo a un político, no digamos ya condenarlo, seguirá siendo algo infrecuente en la vida pública, casi una anomalía. El interés por eliminar los aforamientos es más retórico que sincero, y se entiende por qué al escuchar la transcripción del cordial interrogatorio al que Pilar Barreiro fue sometida ante la magistrada del Supremo en cuyas manos está hoy el futuro de la senadora.

‘Apagón sociológico’: presiones y cabos sueltos

La Asamblea se ha pronunciado, por fin, dispuesta a acabar con el ‘apagón sociológico’ en que la Región está sumida desde que el Gobierno de San Esteban cortó el grifo financiero al Cemop (Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública), que hasta 2015 se encargaba de elaborar las encuestas sobre intención de voto. Sin embargo, hay flecos sueltos aún. El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología acaba de enviar una carta a sus colegiados, y al Parlamento, en la que recuerda su condición de «representante exclusivo de los profesionales de la sociología y de la ciencia política», valora positivamente que la Cámara impulse la realización de estudios demoscópicos y -aquí están los flecos- «se solicita a la Asamblea Regional la participación de este colegio oficial en la elaboración y seguimiento de dichos estudios».

La reclamación no obedece solo a la lógica corporativista. El Colegio está presidido por Amparo Albentosa desde que su candidatura ganó las elecciones a la Junta Directiva, también en 2015, después de que uno de los dos codirectores del Cemop, el sociólogo y exconsejero socialista Juan José García Escribano, se retirase de la pugna tras acusar a la Junta cesante, que encabezaba Javier Sierra, de irregularidades y de favorecer en el proceso al equipo de Amparo Albentosa. La consultora de Javier Sierra realiza también estudios demoscópicos y se toma el chocolate de espaldas al Cemop, del que la organización colegial no quiere que se atribuya en exclusiva las encuestas sufragadas por la Asamblea Regional. Los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos saben mejor que nadie cuántas llamadas y visitas han recibido desde un lado y desde el otro en las últimas semanas, antes de tomar la decisión de costear los sondeos electorales, e intuyen -con razón- que aún deberán capear más toros antes de que los encuestadores puedan salir otra vez a la calle.

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