La Asamblea Regional cerraría; barra libre para la caza del arruí, el AVE llegaría soterrado, la construcción de colegios y hospitales se decidiría en Madrid, quedaría derogada la ley de igualdad LGTBI…

Es el momento de anticipar qué sucederá cuando Vox entre en la Asamblea Regional, dado que todas las encuestas vaticinan su irrupción en las instituciones. El Barómetro de Otoño del Cemop da al partido de la extrema derecha (que Santiago Abascal, su líder nacional, prefiere llamar de la «extrema necesidad») dos de los 45 diputados en las elecciones autonómicas de mayo. Si el resultado en las urnas se asemejara en algo a esta predicción (que podríamos transformar, para facilitar la divagación, en una horquilla más amplia, de entre uno y tres escaños), la capacidad de influencia de Vox en el juego parlamentario y en el gobierno autónomo sería nula, toda vez que los estudios demoscópicos señalan con nitidez que volverá a ganar el PP y que a López Miras le bastará el apoyo de Ciudadanos para mantenerse en el poder, con o sin consejeros de color naranja en el Ejecutivo de la Comunidad.

Pero tampoco resulta del todo descartable que la fragmentación a la que está abocada la Asamblea, con la nueva ley electoral y la incógnita de la suerte que correrá el partido de Alberto Garre, lleve a tener que contar con los representantes de Vox para sacar adelante determinadas iniciativas, y quién sabe si incluso para decidir quién gobierna; este escenario, hoy improbable, empezaría a ser plausible si las diferencias entre PP y PSOEque las encuestas reflejan se enjugaran en los meses venideros o bien los socialistas rebasaran incluso a los populares (solo les separan hoy tres diputados) y esa circuntancia pusiera a Ciudadanos en la tesitura de apoyar a la formación más votada pero su eventual alianza con el PSOE deviniera insuficiente o se negara a suscribirla porque hubiera de completarse necesariamente con la muleta de Podemos, algo que Ciudadanos se tiene prohibido. Imaginemos por tanto –que de eso se trata–, que el PP necesitara los votos de Vox para gobernar. Es seguro que no los rehusaría, porque ya lo admitió Pablo Casado en los últimos días de la campaña electoral de Andalucía («si Vox nos da sus votos, no los rechazaremos…»)¿Qué sucedería, así pues, con Vox encaramado al poder en la Región de Murcia o deambulando en sus aledaños? Las respuestas y los entrecomillados que siguen salen de una conversación con su presidente provincial y el portavoz del partido, Pascual Salvador y David Ibáñez, respectivamente. Ambos se muestran convencidos de que el Cemop se quedará corto porque sacarán más diputados de los dos previstos por la encuesta. Viven un momento de euforia incontenida: «Nos hemos comido a Somos Región» (el partido de Garre).

1).- Asamblea Regional. Se cerraría y los 45 diputados irían al paro. Cartagena ganaría para su inmobiliario cultural el edificio de Braquehais en Alfonso XIII. Vox está contra el Estado de las autonomías y, por consiguiente, los parlamentos autónomos carecen de sentido. «El certificado de un fontanero en Murcia no le sirve para trabajar en Albacete. Es absurdo».

(Larga vida, propugna Vox, a la extinta Diputación Provincial).

2).-La ley de Igualdad LGTBI sería derogada. «Es una ley perversa, que la Asamblea Regional aprobó con el voto del PP. No se pueden dar charlas sobre sexualidad en los colegios de Primaria sin permiso de los padres, pero se hace por la presión del ‘lobby’ gay, que es muy fuerte en Murcia. Nosotros acabaríamos con las subvenciones municipales y autonómicas al colectivo ‘No te prives’».

3.- Devolución al Estado de las competencias de sanidad y educación, el sanctasanctórumm de la doctrina centralista de Vox.

(Esto dejaría en manos del Gobierno central la construcción de colegios y centros sanitarios. Vox olvida quizá el maltrato que las comunidades periféricas –y Murcia en particular– han recibido secularmente del Estado en las inversiones públicas, y el hecho de que construir un hospital en Águilas, o un instituto en Cartagena, se decidiría en Madrid, según su versión centrípeta de la Administración).

4).- La caza del arruí en Sierra Espuña.- Barra libre. La Comunidad Autónoma la prohíbe para los cazadores «porque tenemos un Gobierno regional del PP muy acomplejado. La caza es necesaria y una fuente de riqueza».

5).- Qué hacer con un político imputado. «Esperar a que sea condenado para tomar medidas contra él. La imputación no es un delito. Lo que hay que hacer es dotar a la Justicia de los medios necesarios, que ahora no tiene, para que sea ágil y las causas no se eternicen».

6.-¿AVE ya, en superficie, o AVE después, soterrado? «No está tan claro que el AVE vaya a ser la panacea, y soterrarlo cuesta una barbaridad. Nosotros abogamos por una estación fuera de la ciudad, donde los técnicos decidan qué es lo más adecuado. La de Albacete está a las afueras y no está soterrada… Lo que los políticos tenemos que hacer es no causar problemas a los vecinos..».

P.- La pregunta era otra: ¿AVE ya, en superficie, o AVE después, soterrado?

R.- Que llegue soterrado.

7.- El Mar Menor. «No hay que criminalizar solo a los agricultores. Es un problema de falta de planificación urbanísica, de cómo se han hecho los puertos deportivos.Aquí habría que darle las palabras a los técnicos».

8.-Agua.- «Yo (habla Pascual Salvador) di el otro día en Guadalajara una conferencia sobre el Tajo-Segura, y la gente me entendió perfectamente. Entre los españoles nos entendemos sin problemas. Santiago Abascal acaba de pronunciarse a favor del Trasvase, y su discurso es el mismo para toda España, como puede verse en su Facebook y en su Twitter. Vox propugna un Plan Hidrológico Nacional para no tener que depender solo del Tajo-Segura, pero no tiene diecisiete voces, sino solo una».

9.- Expulsión de los extranjeros irregulares. Vox no sabe cuántos son, pero confirma que todos ellos serían deportados, como en el resto del país. El INE contabilizaba el 1 de enero pasado el empadronamiento en la Región de 202.000 ciudadanos de otros países.

(Curioso: Vox, que tiene su oficina provisional en la Gran Vía, se trasladará a San Antolín, uno de los barrios capitalinos con más población de inmigrantes).

10.- Vox propone eliminar 82.000 cargos públicos en España y cerrar miles de pequeños ayuntamientos. En la Región, aún no ha hecho las cuentas.