¿Qué pasaría si la Agencia Tributaria investigara a todos los políticos, tanto a los electos como a los digitales, y a sus cónyuges y entornos familiares, y rastreara sus propiedades dentro y fuera de España, los sueldos, sobresueldos y dietas que perciben, los créditos que pagan, sus declaraciones de la renta y del patrimonio, el tren de vida en el que viajan, sus herencias, las facturas y las desgravaciones que presentan, sus relaciones societarias, sus obras de arte y las joyas de la abuela que pudieran atesorar, y lo hiciera sistemáticamente, con la misma naturalidad e idéntico empeño con que se inspecciona a otros colectivos sociales, y que, respetándoles el derecho al secreto tributario que asiste por ley a cualquier contribuyente, se les ejecutara un acta de inspección, con la pertinente multa o el sobreseimiento que correspondiera, o bien se le denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción en el supuesto de establecerse un origen aparentemente ilícito de su dinero, de forma que alcaldes, concejales, altos cargos de la Administración, parlamentarios y presidentes de gobiernos, entraran a formar parte también del Plan de Control Tributario en el que Hacienda incluye cada año a los profesionales liberales, los salones de peluquería, las promotoras inmobiliarias o los empresarios de un ramo de actividad escogido al azar, y ello sin otro afán que el de hacer aflorar el dinero escondido a los ojos del fisco, y de esta forma se cumpliera la exigencia democrática de una mayor transparencia en la gestión del gasto y se salvaguardara ante los ciudadanos la denostada imagen reputacional de los políticos, acabando así con la leyenda urbana de que ‘todos son iguales’ y la arbitraria creencia popular de que en la política se está para llevárselas y no para servir, de suerte que la Agencia Tributaria dejara de escrutar a los gobernantes solo cuando jueces y fiscales le piden que lleve a cabo un peritaje para completar unas diligencias penales previamente abiertas, y pudieran los inspectores desplegar en su trabajo únicamente criterios de profesionalidad y no de obediencia jerárquica, aunque para ello la Agencia tuviera que emanciparse del Ministerio de Hacienda, y de paso pudiéramos averiguar si es cierto, por ejemplo, que el exconseller valenciano Rafael Blasco ha perdido dinero después de varios lustros dedicado a la política, según declaró ayer al ser juzgado por malversación, o si, antes al contrario, se pasó de listo en algún momento de su carrera, y se aprovechó de que la Agencia Tributaria dedicaba su tiempo y sus escasos medios a perseguir a pequeños empresarios, autónomos y asalariados, en lugar de vigilar también a los políticos?