Los sociólogos atribuyen la victoria de los vecinos de Gamonal a la precisión de su objetivo: querían impedir la construcción de un bulevar, y a eso dedicaron todo su empeño. Solo aspiraban a mantener su barrio como está, con tráfico y sus coches amigablemente aparcados en doble fila; y, ya puestos, a que reabrieran la guardería municipal que les cerraron -por falta de dinero- con la calderilla del capital que costaría el bulevar. Gamonal representa ya un símbolo de la protesta social en España, pero en el ánimo de su vecindario no estaba que las barricadas prendieran la mecha de una revolución, ni abanderar la indignación generalizada que los recortes han desatado en los cuatro puntos cardinales. De ahí que la incorporación a las algaradas de activistas del 15-M y otros antisistema no les distrajera de su propósito. Su guerra era el bulevar.
De Gamonal bien puede aprenderse también otra lección, que cualquier político sensato debería grabarse en su frontispicio personal. Las mayorías de votos conquistadas en las urnas legitiman para gobernar incluso de espaldas a la gente, pero el sentido común, y un espíritu democrático verdadero -que se tiene o no se tiene-, aconsejan no hacerlo. Quince años después de su constitución, la plataforma pro-soterramiento de las vías ha sido recibida una sola vez por el alcalde de Murcia, por lo que sus correligionarios saben de los cambiantes proyectos del AVE al tiempo que el resto de la opinión pública. Y eso les irrita. No son espantajos. Son los vecinos que cruzan a diario las vías con sus hijos y sus bolsas de la compra, así que las actuaciones que para su barrio se planifican en los despachos afectarán sustantivamente a sus vidas. Los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones les hagan partícipes de sus propuestas, que éstas les parezcan plausibles y que, en lo posible, les satisfagan. De lo contrario, podrían dejarse deslumbrar por el éxito ruidoso de Gamonal, o verse peligrosamente cerca de un barril de pólvora traído desde fuera. El reverso de la moneda queda representado estos días por la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, que ha renunciado a imponer la ORA en la primera línea de playa de Lo Pagán ante las protestas de vecinos y comerciantes, en lo que es otra lección -ésta, mala- extraída de Gamonal: la claudicación. ¿Tan difícil resulta establecer cauces de participación e implicar a la gente en las decisiones municipales que le conciernen, antes de su aprobación? ¿Es acaso un revolucionario peligroso el alcalde de Molina, del PP, que permite a sus paisanos determinar, a través de los presupuestos participativos, en qué se gasta una parte de los ingresos municipales? ¿Quién teme a los buenos vecinos, sino los malos políticos?