El PP se ve atrapado en un callejón por la imputación judicial del delfín de Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez, y el requisito insalvable de que el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma deberá salir del Grupo Parlamentario Popular, que se conformó (salta a la vista) sin perspectiva de futuro. Descartado Sánchez, las opciones se reducen a Juan Carlos Ruiz, quien entregó sus credenciales de aspirante en tiempo y forma -y fue incluso avalado por Valcárcel- y Juan Bernal, el consejero de Economía, que se apeó de la carrera sucesoria al sentirse defraudado por el presidente cuando comprobó que el favorito era en realidad el ex alcalde de Puerto Lumbreras.
No hay más. La posibilidad de que Francisco Celdrán o Alberto Garre piloten un gobierno de transición hasta las elecciones de 2015 resulta un despropósito. Encargarles esta misión en la antesala de su jubilación sería darles un caramelo envenenado. Y, peor aún: sería una falta de respeto a la Región. ¿Por qué un Gobierno provisional y no un Ejecutivo que se deje la piel? ¿Por qué tirar por la borda un año cuando Murcia atraviesa uno de sus momentos más difíciles? Es verdad que la designación de Ruiz, como la de Bernal, desagradaría a Valcárcel, y que avivaría tensiones larvadas en el PP, cada día más desorientado e inquieto por su futuro electoral. Pero, ahora más que nunca, el partido está obligado a demostrar que su voluntad de servicio a la Región está por encima de su propio interés.