Nadie agradecerá a Manuel Abadía que se haya puesto a buscar basura en casas decentes y barcos de recreo

La ceremonia de apertura del curso 1963-64 en la Universidad de Murcia fue un escándalo. El joven catedrático de Derecho Penal Marino Barbero convirtió su lección inaugural en un alegato contra la pena de muerte, cuando en los oídos de Franco aún resonaba la protesta internacional por el reciente fusilamiento del comunista Julián Grimau. El Régimen represalió a Marino Barbero prolongando su confinamiento en la pequeña universidad provinciana cuyas paredes había profanado con su irreverente discurso, y bloqueando hasta 1975 su traslado a la cátedra de la Complutense, que había ganado mucho antes en un concurso de méritos. Pasó el tiempo, y pasó la Dictadura, y Marino Barbero llegó al Tribunal Supremo. En 1991 empezó a instruir el ‘caso Filesa’, una patata caliente que ningún otro magistrado de la Sala quería comerse, y probó, contra viento y marea, que el PSOE -en el Gobierno- había financiado ilegalmente su campaña electoral de 1989. Procesó a 39 políticos socialistas, banqueros y empresarios, de los que ocho terminaron condenados, y pidió el suplicatorio de Alfonso Guerra, que le fue denegado en una ominosa decisión del Pleno del alto tribunal. Removió  tanto los cimientos del poder -como antes había agitado las esencias del franquismo-, que prebostes del PSOE recurrieron a difamarlo para pararle los pies, al punto que Rodríguez Ibarra lo acusó de querer entrar en la política sin presentarse a las elecciones y llegó incluso a desvelar, en un alarde de ruindad, que un banco le había condonado el pago de un crédito. Desde las cloacas de las instituciones emanaron calumnias de todo tipo que cuestionaban su rectitud moral. Aguantó carros y carretas, pero en 1995, hastiado, huyó de la carrera judicial y se refugió en la docencia.

Marino Barbero fue un juez valiente. También lo es Manuel Abadía, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia que instruye en Murcia el ‘caso Novo Carthago’. Sus resoluciones han puesto al PP de la Región patas arriba, con la imputación de tres consejeros de Valcárcel, el dibujo de un cerco en torno al propio Valcárcel, y la apreciación de indicios delictivos también en la alcaldesa de Cartagena. Lleva meses buscando basura en casas decentes, barcos de recreo, pasajes de aviones privados, cuentas bancarias y listas de boda, en un trabajo hercúleo por el que recibirá más ingratitudes que reconocimientos. La democracia necesita de políticos honorables y de jueces valientes, como Marino Barbero y Manuel Abadía, que los esperen al otro lado de la raya.