El PP le está tocando la paciencia a Ciudadanos. El pacto de investidura suscrito por ambas formaciones les obliga a «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política», y es verdad que el PP gobierna en Mazarrón sin imputados entre sus concejales. Pero más cierto aún resulta que mantiene la alcaldía gracias al apoyo de tres imputados -aunque adscritos a otros partidos-, y que, en el pacto que Sánchez y Sánchez firmaron, el espíritu debería prevalecer sobre la literalidad; o no sería un compromiso ‘por la regeneración democrática’, sino un mero contrato mercantil. Y luego está lo del diputado Andrés Ayala, para quien «a partir de enero, con el cambio de la ley, no habrá imputados». Mentira. A partir de enero seguirá habiendo presuntos corruptos, aunque el BOE les llame de otra forma.