La posibilidad de fiscalizar en internet los contratos públicos empieza a ser una emergencia democrática en España. Cientos de millones se han escapado por el retrete durante años en adjudicaciones de Acuamed, en obras para la construcción del AVE, y a saber en cuántos concursos más, sin que la Administración pudiera detectarlo a tiempo y mandar a galeras a quienes se enriquecían con el dinero de todos. Hubo ministros que creyeron que la modernización administrativa consistía en ponerle un reloj a los funcionarios u obligarles a lucir una chapita con su nombre, sin darse cuenta -o sin querer verlo- de que lo que urge es acabar con la opacidad administrativa y posibilitar el seguimiento ciudadano en la Red de cualquier euro que salga de las arcas públicas. Así, se lo pondríamos más difícil a los cuatreros.