Cualquiera sabe que hay políticos corruptos y políticos honrados. Inteligentes, tontos del haba, idealistas, eficientes, oportunistas, dignos, capaces, megalómanos, trepadores, cabales, golfos, y otros que pasaban por allí. Aunque medirlos por el mismo rasero sería injusto, en un sondeo demoscópico pesaría hoy más -mucho más- la vieja picardía popular del «todos son iguales» que un reconocimiento a su abnegada labor. La culpa de esta generalización, lo que con seguridad ha inclinado bruscamente la balanza en los últimos días, es de Luis Bárcenas, el extesorero del PP con 22 millones en Suiza, un chalé en Baqueira Beret, un emporio agrícola en Argentina y un despacho en la calle Génova.
Ya antes de esta ciclogénesis explosiva, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) venía insistiendo en situar a la clase política como el segundo problema de España, superado solo por el paro, y a ningún sociólogo se le ocurre achacarlo a una inexplicable manía nacional. El hundimiento de la confianza en los políticos tiene su razón de ser en la tradicional ineptitud que muchos de ellos se empeñan en mostrar, y más recientemente, en el sacrificio indecible que nos han infligido en nombre de la crisis, pero sobre todo radica en la sucesión de escándalos, en la impunidad con que se paga la indecencia en la vida pública, en la bondad del ordenamiento jurídico para penar la sinvergonzonería, y en las fechorías que no afloran pero el imaginario común intuye con su sexto sentido, el mismo que es capaz de llevarlo a votar lo mejor en cada momento; la indiscutida sabiduría popular.
No todos son iguales, ciertamente. El problema está en que son ellos quienes han de sacar la basura, para que el hedor no convierta la democracia en un lugar irrespirable. Indignarse ya no basta, es tarde para los gestos. Algo sí se puede hacer, en cambio. Dictar una resolución injusta a sabiendas (prevaricación), el delito más antiestético atribuible a un gobernante, se castiga solo con la inhabilitación. Una preventiva separación de bienes impide que el erario se pueda resarcir del expolio de un cohecho. La Ley de Enjuiciamiento Criminal exonera de responsabilidad a las personas jurídicas (partidos y sindicatos). El Tribunal de Cuentas carece de potestad sancionadora, y tarda seis años en fiscalizar los balances de los partidos. Los imputados siguen amparados por sus correligionarios con el velo de la presunción de inocencia. La Justicia y las Fuerzas de Seguridad padecen una insuficiencia clamorosa de medios para combatir la corrupción. Los beneficios penitenciarios se aplican aun cuando el preso no haya devuelto su botín. Algunos pillos exhiben un tren de vida que ningún sueldo institucional podría justificar…
Impulsar entusiásticamente medidas que corrijan éstos y otros despropósitos ayudaría a constatar que, efectivamente, no todos son iguales. Mientras tanto, resultará difícil contener el vendaval de quienes piensan lo contrario.