Cuando vengan los míos (que nunca vendrán, porque los míos no existen), lo primero que haremos será cambiar las leyes electorales. Traigo aquí la frase de Pedro Soler para denunciar, aunque caiga en saco roto, que la normativa en cuestión nos toma el pelo a más no poder. Ya es bastante sometimiento que se mantengan las listas cerradas (menos para el Senado, precisamente la que menos cuenta), como si estuviéramos aún en los albores de la democracia y hubiera que asegurar la robustez de los partidos políticos. Aprobaremos listas abiertas, pues bien podría suceder que yo quisiera votar al tercero de una candidatura, un amigo al que conozco, y al primero de otra, por la confianza que me inspira. La segunda modificación tendría por objeto acabar con el exagerado peso específico de las mal llamadas comunidades históricas, para poner fin al chantaje nacionalista que hacen al Estado y también para, ya de paso, revisar la historia, no fuera que nosotros la tuviéramos más larga que alguna de las comunidades que consiguieron su autonomía por la vía rápida de la Constitución (artículo 151). Suprimiríamos también la posibilidad de que alguien se presente a la vez al Congreso o al Senado y a su ayuntamiento, y por último (de momento) privaríamos a los candidatos electos, sobre todo si son independientes con supuesto tirón social, del derecho a renunciar al escaño antes siquiera de recoger el acta, como acaba de hacer Daniel Lacalle, el gurú económico del PP, en lo que para mí es lo más parecido al timo de la estampita.