No se trata de elegir entre salud o patrimonio histórico. No es tan sencillo. Si fuera así, todos estarían en el mismo bando, porque todos quieren el bienestar de sus hijos, padres, nietos y amigos. Ese no es el debate. Lo que la recién creada plataforma ciudadana en defensa del patrimonio de las minas de Mazarrón quiere (y suena justo y sensato) es que se armonicen ambas partes de la ecuación: que es posible, a su juicio, garantizar la seguridad de los vecinos a la vez que se salvaguarda la riqueza histórica y paisajística del coto minero de San Cristóbal-Los Perules. Estos ciudadanos tienen sus argumentos (parece que de peso),  que los políticos deben escuchar, al menos, por una cuestión de educación, higiene democrática y buen gobierno. Si existe un riesgo para las personas y el medio ambiente (algo que, por cierto, no es nuevo), habrá que actuar. Pero, a poder ser, no con una actuación atropellada, que suponga un daño irreparable para el interés cultural que guarda este entorno industrial abandonado, convertido ahora en un potente reclamo turístico.

De hecho, el cerro minero de doble cúspide que domina el casco urbano de Mazarrón goza desde 2008 de la máxima protección que otorga la ley regional. El coto de San Cristóbal-Los Perules está declarado bien de interés cultural (BIC) con la categoría de sitio histórico. Así que a Cultura no le ha quedado más remedio que pronunciarse, y ha bendecido las obras emprendidas por el departamento regional de Minas para garantizar la estabilidad del depósito de estériles conocido como ‘San Cristóbal II’, una actuación que lleva aparejada una inversión de 1,2 millones. Afirma Patrimonio Histórico que dicho dique de residuos se encuentra dentro de la zona protegida como sitio histórico, pero que no se incluyó, expresamente, como elemento protegido, “ante el convencimiento de que nunca debía producirse la interpretación como patrimonio cultural de unos espacios con un grave problema de contaminación medioambiental, primando los intereses de salud pública”. Cultura insiste en que el proyecto “no implica daños al patrimonio minero”; es más, supone, en su opinión, “una mejora de las condiciones y conservación del sitio histórico, ya que tiene como objeto garantizar el depósito existente dentro del BIC”.

Efectivamente, esa balsa no aparece por ningún lado en la relación de bienes. Pero el argumento parece chirriar cuando se repasa con detalle el expediente que llevó a la declaración del BIC. En la justificación de la incoacción del año 2005 se habla de “elementos de gran singularidad dentro del coto, como la Corta Romana y Charco de la Aguja”. Este embolsamiento de agua, de mil colores por los residuos químicos que contiene, es uno de los que, cuando llueve, salpican el paraje protegido y aportan ese encanto especial al entorno, que tanto atrae a los visitantes. Forman parte de su esencia. Otra laguna de las mismas características, aunque más grande y espectacular, es la que se forma en el depósito ‘San Cristóbal II’. Y la plataforma ciudadana teme que con las obras de estabilización del dique este elemento paisajístico desaparezca para siempre. A eso se refieren. Para que se hagan ustedes una idea de esa belleza un poco marciana les dejo una imagen; una foto que puede pasar a la historia de las minas de Mazarrón.