La historia que sigue se ha repetido en innumerables ocasiones en los últimos años. Cada vez que un ayuntamiento o Gobierno regional sacaba a concurso una gran obra pública o un importante contrato de servicios, las empresas nacionales (FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr…) con músculo financiero y operativo para acometer esos proyectos acudían a las ofertas, casi de manera forzosa, de la mano de empresarios locales o regionales formando una unión temporal de empresas (UTE). Para los dirigentes políticos regionales y locales, la fórmula era positiva porque así se beneficiaba la economía local, se promovía el tejido empresarial de la zona y se aseguraba una gestión más cercana. En muchos casos esta práctica habitual no generó problemas, pero en otros propició casos de corrupción por delitos de cohecho o tráfico de influencias cometidos por funcionarios, concejales y alcaldes. En la negociación de esas ofertas, algunos empresarios regionales han hecho valer su cercanía e influencia sobre los poderes locales. Una veces era pura fanfarronería, pero en otras había vínculos demasiados estrechos con la clase política. El caso del empresario alicantino Enrique Ortiz, constructor y propietario del Hércules, es de libro. Sin ningún decoro, por su yate han pasado prácticamente todos los altos cargos públicos de Alicante sin distinción de color político. En el sumario de la “operación Brugal” ya hay implicados más de veinte dirigentes del PP y del PSOE de Alicante, incluidos las alcaldesas Sonia Castedo (Alicante) y Mónica Lorente (Orihuela) y el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, todos ellos del PP. El “pinchazo” del teléfono de Ortiz, adjudicatario del tramo experimental del tranvía de Murcia, salpicó esta semana al Ayuntamiento de Murcia. Las grabaciones a Ortiz, realizadas desde hace más de tres años, reflejan las maniobras que desplegó para configurar una UTE con una empresa nacional (Acciona) a fin de lograr la adjudicación de la línea 1 del tranvía. Las numerosas citas alusivas de Ortiz y sus socios sobre lo que supuestamente deseaba y pensaba el alcalde Cámara colocó esta semana al primer edil en una situación comprometida porque una lectura rápida de las grabaciones puede sugerir una connivencia de altos cargos municipales en la configuración de una oferta, aunque finalmente no fuese la ganadora. Cámara contraatacó con contundencia una vez conocido el contenido de las escuchas. Ortiz es un «mentiroso y fanfarrón» que quiso implicarle en sus «trapicheos personales», afirma el alcalde, que, como otros aludidos, está viendo su honorabilidad en entredicho por lo que dicen terceros en conversaciones telefónicas. Esta bruma de sospechas demanda una investigación judicial, a fondo y rápida, que aclare lo que haya que aclarar, caiga quien caiga, y que acabe con el deterioro de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y representantes.