Hace tres años, cuando explotó la crisis económica, la decisión más sensata de las administraciones habría sido no engrosar su nómina de funcionarios, interinos y personal laboral a fin de contener el gasto, pero lo cierto es que la tendencia ha sido justo la opuesta. La última Encuesta de Población Activa revela que la tasa de asalariados del sector público ha pasado de 14% al 17% en nuestro país. En algunas comunidades las cifras producen vértigo. En Extremadura casi un tercio de la población (32,7%) trabaja en la cosa pública. Y en Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla-León lo hacen ya una de cada cuatro personas. Esas son las comunidades con mayores tasas de empleados públicos, pero las que más han engordado el personal al servicio de las administraciones desde el inicio de la crisis son Baleares, Andalucía y Murcia, con crecimientos del 24%, 18% y 15%, respectivamente. Al cabo de tres años de depresión económica, nos encontramos ahora con más personas trabajando y cobrando del erario público (3.175.900) que en la agricultura (754.000) y la industria (2.600.000) juntas. De hecho hay más personas en España que cobran del sector público que empleados por cuenta ajena. Se han creado nada menos que 244.000 nuevos empleos públicos en sólo tres años. Mientras, 600.000 autónomos se han visto forzados a cerrar sus negocios, en muchos casos por el retraso en los pagos de las administraciones. Nueve de cada diez organismos públicos incumplen la Ley de Morosidad, que entró en vigor hace cuatro meses con la obligación de pagar las facturas en 55 días, un límite lejano a los 158 días que como media están tardando. Con una deuda de las administraciones que supera los 34.000 millones en España, las perspectivas para 2011 son como para echarse a temblar. Los empresarios de la Región están al borde de la desesperación porque el crédito no fluye y, como en el resto del país, sufren la morosidad de las instituciones. Lo pueden decir más alto, pero no más claro: las administraciones deben contener el gasto, incluidos los de personal, porque sus ingresos nunca volverán a ser los de antes. El margen de maniobra de los Gobiernos regionales es muy limitado porque es implanteable una reducción del gasto en sanidad y educación, menos aún con el actual aumento de la población. Además están maniatados por esas generosas políticas de empleo público impulsadas en tiempos de vacas gordas que se han consolidado en las cuentas. En este contexto, el Gobierno regional acaba de aprobar los Presupuestos para 2011 con un recorte del 4,1% respecto al pasado año, mientras recurre al modelo alemán de pago aplazado para invertir en obra pública y se plantea enajenar parte de su patrimonio para obtener ingresos. En los próximos meses veremos si la política económica del Ejecutivo de Valcárcel ha sido la acertada o se ha quedado corta en los recortes.