Sucedía un día tras otro hasta el pasado mes de mayo, pero qué lejos parecen esos tiempos en que los dirigentes políticos nacionales y regionales competían en materia de inauguraciones, ya fueran piscinas o rotondas, presentaciones de planes para renovar lavavajillas o en notas de prensa atribuyéndose la financiación de ordenadores portátiles para miles de escolares. Ahí están las hemerotecas, repletas de informaciones y fotografías de políticos sonrientes haciendo gala de un derroche en gasto público tan frenético como lo ha sido el frenazo en seco y la inmediata carrera en sentido contrario para reducir el déficit. Se estaba gastando mucho más de lo que se ingresaba en las arcas públicas, pese al hundimiento de la actividad económica, el deficiente modelo de financiación autonómica, el crecimiento de la población y la aparición de nuevas prestaciones, como la asistencia a los dependientes. Además, la generosidad propia de los tiempos de las vacas gordas, que tantos réditos electorales y adhesiones había propiciado, infló la nómina de funcionarios y propició incrementos salariales ahora insostenibles en muchas comunidades. Todo un gasto cautivo que comenzó a pesar como una losa desde que la UE decidió imponer la receta de la restricción del deficit a la vista del riesgo para la estabilidad financiera de la zona euro. Ya hacía tiempo que la crisis había obligado al sector privado a apretarse el cinturón. Lo saben muchos de los millones de desempleados que engrosan las listas del paro, miles de autónomos que han visto cerrar sus negocios e incontables empresas cuya viabilidad pende de un hilo porque no cobran las deudas contraidas por las administraciones públicas. Desde el segundo semestre del año, las cuentas públicas y las de las entidades financieras han sido sometidas a un estricto control bajo la fría mirada de los mercados, mientras el Gobierno central se apresuraba a acometer las reformas del mercado laboral, de las pensiones y del mapa de las cajas que durante mucho tiempo retrasó una y otra vez. La Región de Murcia, como Castilla-La Mancha, no ha cumplido el objetivo de déficit en 2010 impuesto a las comunidades, con la consiguiente imposibilidad de lograr autorización para emitir deuda y obtener liquidez. El Gobierno de Valcárcel no tenía otra salida que un duro ajuste del gasto público que alcanza a los sueldos y condiciones de trabajo de los funcionarios, lo que originó algunos incidentes violentos que son injustificables pese al comprensible malestar de los empleados públicos. Ahora ya sabemos dónde se va a recortar, pero aún no ha sido suficientemente explicado por qué se ha gastado más de lo que se iba a ingresar en 2010. Sólo así quedará claro si ha actuado con diligencia quien tenía la encomienda política de evitarlo.