La brutal agresión perpetrada anoche por tres individuos contra el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, pateado y golpeado salvajemente en el rostro con un puño americano cuando llegaba a su domicilio, reviste una especial gravedad ante la que sólo cabe reaccionar con una contundente repulsa. El cobarde atentado contra un miembro del Gobierno regional no puede quedar impune y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Al cierre de la edición de “La Verdad” se desconocía la identidad de los agresores, por lo que conviene ser prudente en las valoraciones. Sin embargo, los primeros indicios del suceso indican que se trata de un ataque premeditado que se enmarca en la espiral de tensión que vive la Región de Murcia desde la aprobación de la ley de medidas extraordinarias, que incluye una reducción de los complementos salariales contra la que han protestado los empleados públicos en seis ocasiones por la Gran Vía de Murcia. La inmensa mayoría de los manifestantes han expresado sus quejas pacíficamente en la calle, pero también es cierto que una ruidosa minoría había convertido en un ritual el lanzamiento de insultos y huevos contra el domicilio del presidente Ramón Luis Valcárcel, algo que no ha suscitado una reprobación contundente de los sindicatos convocantes. En dos ocasiones, la hija del presidente ha sido zarandeada en la calle desde que se aprobó la ley del “tijeretazo”, y el vicesecretario general del Partido Popular, José Gabriel Ruiz, fue agredido ante la Cámara de Comercio en una de las primeras protestas. Esta misma semana, los sindicatos habían anunciado una campaña de persecución y hostigamiento de todos los consejeros en cada aparición pública. Fue la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, la primera víctima de esta nueva estrategia en un acto celebrado en Santomera. Por el riesgo de ser aprovechado por radicales de distinto signo, este tenso clima no auguraba nada bueno, pero lo vivido ayer excede todo lo imaginable. Estoy convencido de que la condena social y política será unánime, incluyendo por supuesto la de los líderes de las organizaciones sindicales y del conjunto de los funcionarios. Pero lo sucedido no puede sustanciarse sólo en una reprobación pública de esta agresión contra el consejero Cruz, que se había convertido en el blanco de algunas iras con una virulencia casi irracional. Todos los partidos y los sindicatos deben hacer un esfuerzo por rebajar la crispación y reconducir el debate, y las protestas si las hubiera, por los cauces pacíficos propios de la convivencia democrática que siempre han caracterizado a la Región. Lo ocurrido ayer no puede repetirse. Es un brutal atentado contra la libertad de todos.