Que la asfixiante situación económica de las arcas regionales iba a obligar a tomar medidas impopulares para mantener las prestaciones básicas en sanidad, educación y dependencia fue un mensaje recurrente del Gobierno de Valcárcel en los prolegómenos de la aprobación de los Presupuestos de 2011, donde ya se incluyó un serio recorte en las subvenciones que hasta ahora recibían muchos colectivos. La sorpresa llegó semanas después cuando, a la vista de la negativa de Salgado a permitir la emisión de deuda a la Comunidad por el incumplimiento del déficit fijado para 2010, el Ejecutivo aprobó en la Asamblea la polémica ley de medidas extraordinarias, un profundo “tijeretazo” de 300 millones de euros que incluye numerosas y drásticas medidas. De todas ellas han sido las que afectan a las condiciones salariales y laborales de los funcionarios las que más polémica han generado, con hasta siete manifestaciones de protestas en las calles que han ido batiendo récords de asistencia. ¿Pero qué opinan el conjunto de la ciudadanía sobre los aspectos más polémicos del “tijeretazo”? “La Verdad” publica hoy los resultados de una encuesta diseñada y elaborada por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública de la Universidad de Murcia entre 810 ciudadanos de toda la Región sobre seis de esas medidas, de los cuales sólo dos reciben una aprobación mayoritaria. La más cuestionada es la supresión de la oferta de empleo público y las más respaldadas son la reducción del número de liberados sindicales y la financiación de la cadena autonómica. El dato más revelador de la encuesta, realizada del 11 al 17 de enero, cuando el clima de crispación alcanzaba su punto álgido, es que no llegan al aprobado las medidas que afectan a los complementos salariales y horas de trabajo de los empleados públicos. El sondeo no deja lugar a dudas sobre la impopularidad de las medidas, algo asumido desde un primer momento por el Ejecutivo regional, pero también indican que la batalla de la opinión pública están ganándola las organizaciones que representan a los funcionarios, con las que Valcárcel acaba de abrir un proceso de negociación sobre la ley. Las razones de este clima de opinión son múltiples. Atribuir toda la responsabilidad del “tijeretazo” al Gobierno de Zapatero no cala en la sociedad murciana porque sencillamente no responde a la realidad. Dónde se recortaba era una decisión autónoma y muchos ciudadanos no acaban de percibir que el sacrificio colectivo alcanza al Gobierno regional, que está tardando demasiado en presentar esa prometida reestructuración para reducir su organigrama. Hasta entonces muchos pensarán que la sangre que quería ver Elena Salgado está siendo únicamente la de los médicos, docentes y otros empleados públicos.