En un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, el futuro inmediato de la economía regional depende del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles. En esa reunión con las comunidades autónomas, el Ministerio de Economía debe comunicar si el plan de ajuste de Valcárcel satisface el objetivo de reducción de déficit público y puede emitir 500 millones de deuda para lograr la liquidez necesaria de cara a pagar a miles de proveedores que están al borde del precipicio. Ese trámite crucial se perfila como un auténtico salvavidas para la economía regional, aunque a día de hoy la incertidumbre sobre la decisión de la ministra Salgado es total. Existe un temor extendido a que razones de oportunidad política influyan decisivamente en una cumbre autonómica a pocas semanas de la cita con las urnas. Hay que ser muy ingenuo para pensar lo contrario. Bajo esa perspectiva se abren varias posibilidades, incluida la de que se postergue la autorización a después del 22-M. Lo que pocos dudan es que si este miércoles hay una negativa en Madrid, la decisión se volverá en contra del Gobierno de Zapatero y de las expectativas electorales del PSOE en la Región, ya que aunque hubiera argumentos técnicos difícilmente se entenderían por los principales damnificados de la situación: las empresas y autónomos cuya supervivencia pende de ese fino hilo. Si por el contrario hay luz verde, Salgado deberá anunciarlo de forma que no se perciba como un aval a la gestión de Valcárcel, porque entonces también perjudicaría al PSOE. Desde una óptica no partidista, la que interesa a la ciudadanía, no se ve otra salida del laberinto que no sea esa emisión de deuda, aunque sólo sea un balón de oxígeno y en ningún caso el fin de los problemas. Nadie debe llamarse a engaño: el Gobierno regional que salga de las urnas, como el resto de Ejecutivos autonómicos, estará abocado a nuevos recortes, ya que el objetivo de déficit (1,3% del PIB) es aún más exigente que en 2010. El tijeretazo sería menor si subiera significativamente el PIB regional, aunque todo apunta a que el crecimiento será tan débil aquí como en las demás comunidades. A principios de mes, Salgado ya anunció una revisión a la baja de las proyecciones económicas, con más paro y menos crecimiento del previsto de 2011 a 2013 en España. En las arcas estatales apenas hay margen de acción para inyectar fondos públicos y crear empleo, aunque sea transitorio. Las deducciones para rehabilitar viviendas pueden animar el mercado de trabajo pero serán insuficientes. Todas las esperanzas están puestas este año en el sector exterior y el turismo, dos sectores que el Gobierno de Valcárcel debería dinamizar para impulsar la economía regional.