Aquel lunes de mayo de 2010, cuando la fusión entre CAM y Cajamurcia estaba cerrada y solo quedaba informar al gobernador del Banco de España, saltó por las aires la posibilidad de constituir la cuarta mayor caja de España y comenzó el deslizamiento de la CAM por una pendiente que ha desembocado en su intervención, nacionalización y futura venta al mejor postor. Por la torpeza del hasta ayer presidente de la CAM, Modesto Crespo, que a última hora planteó un cambio que afectaba a la presidencia tras consultar con el exvicepresidente valenciano Gerardo Camps, se perdió una oportunidad histórica que durante años se lamentará en Murcia y Alicante. Hace unos meses abogué por la cautela porque hubiera sido irresponsable exacerbar la incertidumbre de empleados y clientes de la entidad cuando su futuro aún era incierto. Ahora está claro. La intervención del Estado, que capitalizará la entidad y asegurará su liquidez con 5.800 millones, permitirá precisamente que la CAM pueda seguir operando con normalidad, para tranquilidad de los depositantes y acreedores. Pero una vez saneada, la entidad será vendida y el centro de decisión de una gran caja creada aquí hace 136 años estará quién sabe donde, algo por lo que tendrán que responder quienes la condujeron hacia el abismo. Ahora sí es hora de pedir cuentas a quienes, por acción u omisión, son corresponsables en el ámbito de la gestión, y en el político, de este desenlace.