Cuando el exvicepresidente Pérez Rubalcaba firmó con el presidente Valcárcel y el alcalde Jódar el decreto de ayudas para la rehabilitación de las viviendas de Lorca, una semana después del seísmo, dejó en el aire una frase que resulta difícil de olvidar. «Nunca en mi vida había tenido una negociación más fácil y fluida», dijo el ahora el canditato del PSOE. Los primeros cálculos de las pérdidas por los terremotos ascendían a 650 millones de euros, pero ninguna de las administraciones, a tres días de las elecciones, quería enturbiar una coordinación institucional que fue modélica en los días posteriores a la catástrofe ni tampoco torpedear una respuesta rápida para la ayuda urgente que precisaban los lorquinos. Así que no hubo ninguna discusión entre las partes: el Gobierno central pagaría el 50% de la rehabilitación de las viviendas y la otra mitad, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento. Semanas después la estimación de daños escaló a 850 millones. Ya son más de un centenar los inmuebles demolidos y una veintena están amenazados de derribo. Son cientos las viviendas que han debido ser destruidas y muchos los centros educativos y de atención social afectados en una ciudad donde el temblor de la tierra diezmó su valioso patrimonio histórico. Los daños siguen aflorando y la factura resultante es tan elevada que los recursos disponibles son del todo insuficientes. Tiene razón el alcalde cuando reinvindica un Plan Galicia como el diseñado para el vertido del ‘Prestige’. Un desastre excepcional como el de Lorca requiere de un plan y de una financiación excepcional, que también socorra al sector del comercio y al resto de actores económicos de la ciudad, como en su día se hizo con el pesquero. Ahora las cosas no van a ser tan fáciles y fluidas cuando se hable de financiación, pero quienes tienen la responsabilidad de buscar soluciones tendrán que entenderse para cumplir con los lorquinos. Con mesura, pero sin ambages, algunos lo recordaremos cuantas veces haga falta. Cuando trascendió que la comisión mixta creada por las tres administraciones no se había reunido desde su constitución, la reacción inicial en ambas filas políticas resultó sonrojante porque el peor escenario sería que Lorca se convirtiera en arma arrojadiza o en motivo de división partidista. No hay tiempo que perder. Se ha hecho mucho, pero hace falta mucho más. Es cierto que la tramitación de las ayudas a particulares entraña gran complejidad por varios factores, pero esa dificultad no exime a las administraciones de actuar con la máxima diligencia. Esa exigencia alcanza al Consorcio de Seguros y a las entidades financieras que aún no han abierto las líneas de crédito a los empresarios de la ciudad. A día de hoy es difícilmente justificable que en la agenda del Congreso de los Diputados de la próxima semana no figure la reunión de la Comisión de Interior para debatir las enmiendas al decreto de ayudas para Lorca, que está en vigor pero que es manifiestamente mejorable. Solo con la presión conjunta en Madrid, desde la lealtad institucional y la unidad política, podría acelerarse un proceso que será largo, complejo y muy costoso. La Región se lo debe a una población ejemplar que vive con una entereza asombrosa el drama diario de vivir entre las ruinas dejadas por los terremotos.