El cese definitivo de la violencia anunciado por ETA, derrotada por la firmeza democrática, podría tornarse en un triunfo para quienes asesinaron, acosaron y extorsionaron durante el último medio siglo al conjunto de la sociedad española si la banda terrorista consigue algún tipo de impunidad al final del proceso que ahora se abre. La fórmula ‘paz por presos’ planteada en el comunicado etarra se topa de bruces con la ineludible obligación moral contraída con las víctimas de la barbarie terrorista y con su derecho irrenunciable a la justicia. No habría mayor ignominia si el cierre que todos deseamos de este capítulo macabro de nuestra historia concluye con medidas de gracia para los pistoleros encarcelados y sin el perdón público a las víctimas, el reconocimiento del daño causado, el esclarecimiento pendiente de numerosos crímenes terroristas y el resarcimiento individual y colectivo a quienes directamente han sufrido el mal en sus propias carnes. La celebración por el final de la violencia etarra no puede conducir a una precipitada e irreflexiva respuesta de las fuerzas democráticas que nos haga orillar una vez más a las víctimas, cuya dignidad nos obliga a situarlas en el centro de esta nueva encrucijada. Tampoco podemos olvidar que quienes mataban por la espalda con un tiro en la nuca son los mismos que ahora, en un vomitivo párrafo de su comunicado y ocultos bajo capuchas, nos dicen que «es tiempo de responsabilidad y valentía, es tiempo de mirar al futuro con esperanza». Si ETA deja de matar es solo como consecuencia de su extrema debilidad frente a la solidez del Estado de Derecho y de su pragmático convencimiento de que quizá puedan conseguir sus mismos fines totalitarios por los cauces de la política. ETA se sabe derrotada y así se desprende de un comunicado que huele a rendición, aunque se vanagloria de su historia y ni se entrega ni renuncia a sus fines. El Gobierno que salga elegido de las urnas el próximo 20-N será quien tenga la responsabilidad de forzar los pasos definitivos (su disolución y entrega de las armas) sin pagar precios políticos. Y como recuerda la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, sin convertir en «desecho de la historia a los inocentes que vivieron el infierno del acoso, la muerte social, la indiferencia, la extorsión económica, la huida de sus casas o los brutales atentados». La banda lleva mucho tiempo prolongando su agonía y si ha elegido este momento para anunciar que deja de matar es por el rédito electoral que puede suponer para su brazo político, la izquierda abertzale. Difícil va a ser que, una vez más, un comunicado de ETA no contamine y marque la agenda de una campaña electoral, con el innegable riesgo de que la clase política se vea tentada de utilizar la nueva situación en beneficio propio o en perjuicio del adversario. En líneas generales, el comportamiento de los líderes nacionales ha sido prudente y sensato hasta ahora. Es cuanto menos se puede exigir por respeto a las víctimas, más de cuarenta en la Región, que asisten desde el dolor a los acontecimientos sobre el futuro del terrorismo. Hoy algunas de ellas hablan en ‘La Verdad’, que recoge y amplifica sus voces para no sumar a su terrible desgracia una injusta condena al silencio en este periodo crítico para todo el país.