Durante las campañas electorales, el aire se llena de discursos y los discursos de aire. Una pretendida ambigüedad se apodera de los programas de gobierno, que suenan de fondo como un hilo musical de letra ininteligible. Lo que debería ser una partitura clarificadora, una especie de contrato entre el gobernante y el elector, deviene en un tarareo calculado para arañar el mayor número de votos, un objetivo legítimo pero que no puede afectar a quienes tienen la obligación de tomar distancia para analizar la actualidad, rehuyendo ese baile agarrado que tanto gusta a la clase política en estas ocasiones. Mi impresión es que estas dos semanas serán poco decisivas y que la mayoría de los ciudadanos, hastiados por la profundidad y duración de la crisis, querría cuanto antes depositar su voto. El barómetro del CIS no deja lugar a dudas sobre el vuelco que ya se presumía desde las autonómicas y el único interés se centra en saber si el PSOE será capaz de movilizar a su electorado y convencer a una parte de los 8 millones de indecisos para reducir el descalabro que apuntan los sondeos. Pero es tal la distancia en intención de voto (16 puntos a favor del PP) que las únicas incógnitas residen en cómo quedará la correlación de fuerzas en territorios como Cataluña, País Vasco y Andalucía. Las preguntas que comienzan a suscitarse tienen que ver directamente con las primeras decisiones de gobierno que tome Rajoy a partir del 20-N para reactivar la economía, reducir el paro y atajar el déficit público sin subir impuestos y sin recortar en sanidad, educación y dependencia. Ninguna de ellas, me temo, serán aclaradas en una campaña diseñada por su asesor Pedro Arriola para reducir al mínimo el número de errores que trunquen ese deseo mayoritario de cambio. De ahí las ruedas de prensa sin preguntas, las escasas entrevistas y las apariciones públicas milimetradas, con un único debate electoral en televisión pactado por los dos principales partidos con todo tipo de cláusulas tasadas. Si se confirman los pronósticos, las primeras claves de interés para la Región de Murcia llegarán con el esquema y las personas que formen su Gobierno, un elemento que tendrá más peso que en la etapa de Aznar. Habrá que ver si se crea un Ministerio de Agricultura, si elige ministros y secretarios de Estado sensibles a las posiciones mediterráneas en materia de infraestructuras y agua y si pone freno al disparatado modelo territorial de Zapatero que llevó al blindaje autonómico de los ríos. Lo inquietante del programa en materia hídrica no residía en lo esencial, porque recoge los principios trasvasistas de los documentos electorales anteriores, sino en una confusa redacción que buscaba contentar a todos sus barones y cumplir a la vez con su pacto electoral con el PAR de Aragón. Hace menos de dos meses, el PP se abstuvo en el Congreso cuando se votó el decreto del Gobierno socialista que traspasa las competencias en materia de policía fluvial a Cataluña, Andalucía y Aragón, otro revés para el principio de unidad de cuenca. ¿Lo recurrirá Rajoy ante el TC? La gran cuestión es, por tanto, si además de lo urgente para la Región y el conjunto del país (la crisis), Rajoy gobernará con las luces largas y articulará un discurso nacional para abordar con liderazgo lo estructural (el agua, las infraestructuras, la financiación…).