La reunión que esta tarde celebrarán el ministro Cristóbal Montoro y las comunidades autónomas gobernadas por el PP será crucial para averiguar la mangnitud del recorte que, sí o sí, deberán asumir los ejecutivos regionales para cuadrar un ajuste del déficit que Rajoy ha cuantificado en 40.000 millones de euros, más del doble de lo anunciado en la presentación de las primeras medidas del Gobierno central. De momento, los recortes de Rajoy se centran en la administración central, con una rebaja de 8.900 millones de euros, y el amargo trago de tener que imponer una subida del tramo estatal del IRPF que empezarán a notar los contribuyentes en las nóminas de febrero.
Hoy, por tanto, le toca a las comunidades autónomas el trance de conocer dónde y cuánto van a tener que meter la tijera en su gasto público. Algunas comunidades autónomas, como la Región de Murcia, van a poner sobre la mesa que su desfase presupuestario (mil millones) se debe fundamentalmente a la injusta financiación autonómica que históricamente han recibido y harán saber que ya han realizado todos los recortes posibles en los últimos dos años. Ese es el discurso que cabe esperar del consejero Salvador Marín. No hacerlo sería ir directamente al degolladero y se incumpliría además el compromiso de Valcárcel de mantener ante el Gobierno de Rajoy las mismas reivindicaciones y exigencias que con el Ejecutivo de Zapatero. Sin embargo, las cosas no pintan bien. Las comunidades autónomas están en el punto de mira de los mercados, de las agencias de calificación y de la Comisión Europea, que las sitúan como los principales ‘agujeros negros’ del déficit público español. Hasta el propio Rajoy ha reconocido que una gran parte del desfase entre gastos e ingresos se debe a las autonomías. Si el objetivo prioritario del presidente del Gobierno es aplacar a los mercados para bajar la prima de riesgo, resulta evidente que de la reunión de esta tarde no saldrán las comunidades con una solución a sus problemas de financiación, sino por el contrario con un claro mandato de severo recorte del gasto público. La duda está en saber si se entrará hoy en la concreto: la cifra aproximada que deberán cortar, las directrices en materia de reducción de empresas públicas y de retribución a los funcionarios… A mi juicio, lo más inquietante es la posibilidad no desdeñable de que el ministro Montoro proponga como solución a la falta de financiación una subida generalizada del tramo autonómico del IRPF, bien a todos las Comunidades o al menos a aquellas que, como la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, incumplen el compromiso de déficit público en 2011 y que lo van a tener difícil para llegar al objetivo fijado en 2012. Esta posibilidad no es remota si se tienen en cuenta varios puntos. En primer lugar, la exigencia anunciada por el Gobierno de arrimar todos el hombro a la hora de los sacrificios. Si el principal ‘agujero’ está en las comunidades no cabe descartar que Montoro lo exija esgrimiendo el concepto de corresponsabilidad fiscal. Un segundo argumento que haría plausible un ‘tributazo autonómico’ sería la necesidad de armonizar la fiscalidad en todo el territorio, lo que ya se ha esgrimido en privado desde el Gobierno central para rechazar la bajada del tramo autonómico del IRPF que plantea Aguirre en la Comunidad de Madrid por sus buenas cifras de déficit. En tercer lugar tampoco es descabellado pensar que Montoro pida esa subida de la fiscalidad autonómica porque ya hay una comunidad gobernada por el PP, la Comunitat Valenciana, que ha dado el paso de elevar su tramo del IRPF para salir al paso de sus graves dificultades de tesorería. Así pues, lo más duro que puede suceder hoy en el cónclave autonómico del PP es que emerjan, de una atacada, otro ‘tijeretazo’ y un ‘tributazo autonómico’ que sería muy difícil de explicar a los ciudadanos. Que se lo pregunten al presidente valenciano Alberto Fabra, objeto de numerosas críticas porque, a derecha e izquierda, se considera que el margen de recorte y de reforma en el sector público todavía es amplio en la Comunitat Valenciana.