Hace tres días, por vía interpuesta, el Gobierno de Ecuador ofreció a ‘La Verdad’ una entrevista con el presidente Correa con motivo de su visita a la Región. Con el argumento de que su estancia sería breve, la única opción era realizarla a través de un cuestionario, por tanto sin posibilidad de repreguntar. Aceptamos el ofrecimiento por su interés informativo, y no solo para los más de 47.000 ecuatorianos que viven en la Región, con la condición de que respondiera a dos preguntas sobre sendos temas polémicos. Una sobre las protestas indígenas contra los acuerdos de explotación minera de Correa con China. Y la otra sobre la condena a 40 millones de dólares y tres años de cárcel a tres periodistas del diario ‘El Universo’ por una querella del propio Correa en lo que ha supuesto uno de los mayores ataques contra la libertad de prensa en Hispanoamérica. Las respuestas del presidente no llegaron a ‘La Verdad’, aunque el buen hacer de nuestro redactor Jorge García Badía logró ayer sus frutos con unas declaraciones exclusivas del presidente ecuatoriano recogidas cuando estaba a punto de partir. Agradecemos la deferencia de Correa, que no eludió el ‘caso Universo’, pero eso no cambia nuestra repulsa por su ataques al derecho a la información. En un reciente artículo, Mario Vargas Llosa ponía en negro sobre blanco lo que todas las organizaciones profesionales, de derechos humanos y gobiernos democráticos piensan del ataque judicial contra ‘El Universo’: es un acto político destinado a amedentrar y a instalar la autocensura «para acabar con el periodismo libre y su reemplazo por unos medios neutralizados e incapaces de ejercer la crítica». Vargas Llosa reconoce que el periodismo en América Latina está lejos de ser siempre un dechado de objetividad y templanza, lo que exige un sistema judicial independiente que ampare a los ciudadanos contra esos excesos. «Pero la decapitación no es el remedio adecuado contra las neuralgias», dice el Nobel ante la desproporcionada sanción impuesta en Ecuador. En nuestro país, las cosas no han llegado tan lejos desde que desaparecieron las leyes ‘mordaza’ y quedaron los límites definidos en el ordenamiento jurídico. En España conviven hoy medios profesionales e independientes con otros que practican el periodismo matalón, el pasteleo, la militancia o la injuria sistemática. Y junto a políticos ejemplares, hay otros sin escrúpulos morales o con una gruesa vena autoritaria. Por todo eso, la tentación de neutralizar a la prensa y favorecer la autocensura no desaparece, con el consiguiente deterioro para la libertad de expresión. A ello contribuyen los políticos cuando protestan y presionan por la publicación de noticias veraces, cuando inyectan dinero público para mantener a flote pero cautivos a medios afines y pastueños, cuando contratan como asesores a columnistas de opinión, cuando usan la publicidad institucional con criterios arbitrarios y fines espurios, cuando crean medios de titularidad pública para orientar la opinión de los ciudadanos, cuando no admiten preguntas, cuando no son transparentes y cuando castigan la crítica con bloqueos informativos. No es necesario viajar a Hispanoamérica para palpar estos problemas latentes. Y es que en temas informativos, aquí o en Guayaquil, el poder es refractario a la crítica. Lo que le gusta es el ‘baile agarrao’.