No me cabe mucho más que añadir sobre el plan de ajuste del Gobierno regional a lo expuesto ayer en el editorial publicado por ‘La Verdad’ en sus páginas de opinión, salvo contextualizarlo en algunos de los graves problemas que, a mi juicio, arrastra el país en relación al modelo autonómico. Uno de ellos es la pérdida de credibilidad que todas las comunidades han acumulado en los últimos tiempos. Aquellos que nos prestaron dinero durante años cuando los tipos de interés estaban muy bajos, originando que ahora seamos uno de los países más endeudados, no se creen las promesas de austeridad, saneamiento de cuentas y redimensionamiento de unas comunidades que desarrollaron estructuras plagadas de aparato, burocracia, ineficiencia, duplicidades y gasto superfluo. Por ese motivo, esos prestamistas (los mercados) castigan la prima de riesgo cuando el Estado y las autonomías lanzan emisiones de deuda para mantener a flote los servicios básicos. De ahí la propuesta de los ‘hispanobonos’ con el aval del Tesoro que varios presidentes autonómicos, incluido Valcárcel, solicitaron ayer a Rajoy. El crédito de las comunidades cotiza a la baja, pero no solo entre los inversores. También entre una ciudadanía que, ante el empobrecimiento general que vivimos, empieza a percibir como un lastre este modelo territorial que contribuyó a la descentralización política y a una gestión más cercana de los servicios. Las raíces de ese mal brotaron nada más empezar el traspaso de competencias porque los principios de equidad y cohesión nunca se han cumplido. Fui testigo, desde el ámbito informativo, del proceso de transferencias de la sanidad y de la puesta en marcha de sus mecanismos de coordinación. Lo que después iba a venir se atisbó muy pronto: una loca carrera por ver quién daba más (dentista en Navarra, cambio de sexo en Andalucía…) con el dinero de todos hasta el punto de generarse la percepción de que, además de gratuita y universal, la asistencia sanitaria debía y podía estar a dos pasos de cada domicilio. Los políticos no se cuestionaban si todo aquello que se construía, se dotaba y se inauguraba con fanfarrias era financieramente sostenible, sino cuántos votos podía reportar. El Consejo Interterritorial de Salud, que el miércoles reúne a las comunidades para consensuar reformas y  ajustes en sanidad, derivó enseguida en un escenario de confrontación política donde los trabajos previos de los técnicos se bloqueaban por los consejeros del PSOE o el PP, según quien gobernara en La Moncloa. Ni siquiera para concertar un calendario vacunal o comprar juntas ‘kits’ de diagnóstico contra el ‘mal de las vacas locas’ se lograba un acuerdo. Si no eran los partidos mayoritarios, eran los nacionalistas vascos o catalanes quienes rompían la baraja porque se «invaden nuestras competencias». Y qué decir de la inutilidad del Senado, de la ruptura de la unidad del mercado, de los blindajes estatutarios de inversiones, ríos y costas… No veo posible ni conveniente la desarticulación autonómica, pero no tengo dudas sobre la necesidad de revisar a fondo el sistema, como hizo Alemania con su modelo federal, para preservar lo positivo y depurar lo negativo. Y es que este país empieza a tener, además, un problema político de gobernanza que amenaza al futuro de todos.