No hay dinero para mantener los servicios públicos, solemnizó Rajoy esta semana en su enésima apelación al sacrificio de todos, una vez conocido que las medicinas dejarán de ser gratuitas para los pensionistas y que los estudiantes tendrán que pagar mucho más por acceder a la universidad pública. No hay un colectivo que no se libre de los ajustes, excepto uno que siempre sale de rositas: los defraudadores fiscales que prosperan en ese paralelo mundo de la economía sumergida. Tal y como relatamos en ‘La Verdad’, la Región de Murcia recaudaría en torno a 990 millones de euros si redujera diez puntos el peso de la economía sumergida en su PIB. Unos 677 euros es lo que paga cada murciano al año para poder compensar el dinero negro que evaden los grandes defraudadores y mantener el nivel de las prestaciones básicas. Quienes burlan a Hacienda siempre han estado ahí y probablemente sonríen cuando recuerdan la película de los hechos que nos ha llevado a la situación actual. En los años de bonanza, cuando la Región crecía a toda máquina e ingresaba en las arcas públicas ese aluvión de dinero derivado del ‘boom’ inmobiliario, el fraude fiscal no tenía consecuencias graves para el bienestar general. Incluso había cierta tolerancia social porque no impedía una mejora espectacular de la red de carreteras, infraestructuras sanitarias, educativas y culturales y, en general, de la calidad de vida en la Región. Todo lo que se ingresaba se gastaba. Las dos partidas presupuestarias crecían a la par como si el crecimiento económico no fuera a tener fin. Tal era el optimismo que se consolidaban gastos estructurales, como la subida salarial a los funcionarios. Pero llegó la crisis y el desplome de los ingresos. Se pudo aprovechar los años expansivos para diversificar el modelo productivo con apuestas por sectores más competitivos, pero no se hizo y con el derrumbe del mercado de la vivienda entró en barrena la actividad económica. Para colmo, el nuevo modelo de financiación autonómica era claramente insuficiente y al mando del Gobierno central había un político que hasta mayo de 2009 llevó un disparatado derroche de gasto público. En la Región se cometían también errores. Se reaccionó con poca contundencia y, pese a los recortes, durante varios años se gastaba mil millones más de lo que se ingresaba. Para mantener a flote el barco regional hubo que recurrir al endeudamiento, un problema que era desconocido pero que hoy es preocupante. Este año crecerá un 94%. En 2012, el Ejecutivo de Valcárcel necesita 459 millones de euros para pagar deuda financiera que vence y  170 millones para hacer frente a intereses. Ha habido que habilitar 77 millones más de gasto financiero en el plan de ajuste para esa ‘púa’ contraída con los mercados y los bancos. Mientras, Valcárcel intenta convencer a Rajoy de que el Tesoro avale la deuda regional, ya que este año hay previstas más emisiones por un montante de 524 millones de euros y el peso de los intereses es ya asfixiante. Todo esto al margen de la deuda con los proveedores, que ese es otro triste cantar. Si la lucha contra el fraude fiscal hubiese sido una prioridad en el país, los ajustes que hoy nos acongojan no serían tan dramáticos y se habría evitado subir los impuestos a quienes siempre los han pagado. La amnistía fiscal aprobada será pragmática, pero resulta vergonzante.