Alba, la niña que vino al mundo en Lorca el 11 de mayo de 2011, y Salvador Terrones, el padre que aquel fatídico día quedó viudo con dos pequeños milagrosamente rescatados de las ruinas, son la cara y la cruz de los terremotos de Lorca. ‘La Verdad’ saca hoy a la luz las historias de Alba y Salvador cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de los terremotos en una ciudad donde los devastadores efectos siguen muy visibles un año después. La gravedad de los daños puede explicarse en términos geológicos, pero para comprender el porqué de la lenta recuperación de Lorca hay que sopesar múltiples factores, desde geográficos y jurídicos a económicos y políticos. La tierra tembló en la antesala de unas elecciones autonómicas y en la ‘zona cero’ de la crisis, el sureste español, justo cuanto empezaba a agudizarse la falta de liquidez de las administraciones públicas. Es difícil imaginar un peor momento para encarar un desastre de semejante magnitud. Pese a esas dificultades de partida, la coordinación de los servicios de emergencia y las medidas iniciales para garantizar la seguridad de los lorquinos y de sus viviendas se realizaron con una ejemplaridad que hoy nadie discute. Luego empezaron a aflorar muchos más daños ocultos en toda la ciudad y se inició un lento proceso de vuelta a la normalidad, cuya gestión no puede calificarse de brillante. De hecho, la reconstrucción ni siquiera ha empezado. Lorca es una ciudad con 1.124 inmuebles demolidos, pero donde no se ven grúas, no hay un solo edificio en construcción y más de 1.200 familias aún no han podido volver a sus viviendas. Todo eso es algo que públicamente cuesta admitir a muchos responsables políticos, aunque nadie lo niega porque es incontestable. Con dos procesos electorales en los últimos doce meses, se han sucedido los decretos para subsanar errores, lagunas e ineficiencias y también, hasta en tres ocasiones, la designación de comisionados del Gobierno central. Las cifras son elocuentes. De los 230 millones de ayudas públicas prometidos han llegado cinco. Solo el Consorcio de Seguros inyectó 350 millones en concepto de indemnizaciones, una partida relevante pero que cubre solo una parte del problema. El futuro inmediato parece más esperanzador. El reciente decreto aprobado por el Gobierno central, con el apoyo del PSOE en el Parlamento, no es la panacea, pero contribuirá a sortear trabas que impedían la reconstrucción de las viviendas demolidas y la rehabilitación de las afectadas. Y lo que es igualmente importante, se crea una línea del ICO que permitirá una transferencia directa de los 230 millones, sin pasar por las administraciones, a la cuenta de los damnificados cuyos expedientes hayan sido tramitados. El decreto acaba con la sequía financiera y da un balón de oxígeno al Ejecutivo regional, acusado, incluso por el anterior comisionado del Gobierno de Rajoy, de embalsar las ayudas. Si ese es el pecado del equipo de Valcárcel, su mérito ha sido trabajarse el nuevo decreto en sus actuales términos. La obligación del Gobierno autonómico es ahora agilizar la tramitación y seguir presionando en Madrid para adelantar la ejecución del Plan Lorca, antes de que se cumpla el plazo de nueve meses fijado, y para asegurar una financiación que no se quede corta. Lorca ya ha esperado demasiado.