Las cartas de los lectores a ‘La Verdad’ son un buen termómetro del estado de ánimo general y una esclarecedora brújula para intuir por dónde discurren los intereses ciudadanos. Cuanto más aguda es la crisis, más notoria es la indignación social con quienes tienen responsabilidades públicas, incluido las entidades financieras. Lo que se barruntaba al leer esas cartas ha venido a confirmarlo el último barómetro del CIS, en el que los bancos irrumpen como uno de los principales problemas de los españoles. Los juicios sumarísimos y generales son cualquier cosa menos justos, pero son tantos los casos de ausencia de ejemplaridad que a nadie le puede sorprender el estigma social que hoy pesa sobre quienes dirigen el sistema financiero. Algunos comportamientos solo pueden tildarse de escandalosos, como esos más de 20 millones de euros netos percibidos por cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia, una de las cajas que recibió ayudas estatales. Hasta once entidades están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción por esas astronómicas indemnizaciones y jubilaciones, curiosamente en cajas que se han significado por su pésima gestión. Lo grave es que algunas actuaciones irregulares no fueron puntuales sino generalizadas. Ahí está el clamoroso asunto de las participaciones preferentes, en el que están atrapados miles de españoles. En el duro auto de imputación a Rato y 32 exconsejeros de Bankia, el juez Andreu recuerda que las preferentes son un producto financiero complejo. Son inversiones perpetuas, que no pueden recuperarse por el cliente (aunque el emisor se reserva la posibilidad, a su voluntad, de amortizarlas pasados unos años), que no conceden derechos políticos al inversor, que carecen de liquidez, que no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos en caso de quiebra de la entidad y cuyo rendimiento económico está condicionado a la existencia de beneficios por parte de la entidad financiera. Se pueden calificar de cualquier forma menos ‘preferentes’, apostilla el juez. Cierto es que son títulos regulados y supervisados, que empezaron a comercializarse de forma masiva por bancos y cajas desde 2003 para captar fondos. Los problemas llegaron hace dos años cuando, por la crisis, empezaron a diferirse los abonos de los intereses y el valor de emisión dejó de corresponder con el del mercado. Muchos compradores pudieron vender sus participaciones o canjearlas por acciones o depósitos, pero hay 8.500 millones de euros de pequeños inversores con preferentes en cajas rescatadas que se han evaporado. Según los siete expedientes de la CNMV a 18 entidades, hay irregularidades en la mitad de las emisiones de preferentes que estaban vivas a mayo de 2011. La comercialización de estos productos, incumpliendo en muchos casos la recomendación de hacer un test de idoneidad al potencial inversor o despreciando sus resultados, es llanamente bochornosa. El auto de Andreu sobre Bankia lo dice todo: «Ante la renuencia del tramo mayorista a comprar tal producto, fue vendido en las distintas sucursales a pymes y clientes individuales, que en muchas ocasiones se elegían sistemáticamente dado su bajo índice de conocimientos culturales o de entendimiento, por la edad o por la percepción de asumirlo». Qué más se puede decir.