España ya no tiene libertad para decidir. Lo dijo Rajoy el pasado miércoles cuando presentó como inevitables los durísimos sacrificios que se avecinan. Con ello ponía de manifiesto la situación de grave emergencia del país y que nuestra política económica está supeditada a las condiciones fijadas por la UE en el memorándum firmado para nuestro rescate financiero. Antes del Consejo Europeo, y aún ahora a la luz de la evolución de la prima de riesgo y de los intereses del bono español, nuestro país está en claro riesgo de ‘default’. Ese es el término financiero que tiene al Gobierno preso de los nervios porque significa la imposibilidad de hacer frente al pago de los vencimientos de deuda y aboca a una situación de quiebra, con la consiguiente incapacidad para pagar las nóminas del sector público y prestar los servicios básicos. Solo este año las comunidades autónomas deben abonar 15.000 millones para saldar los intereses de lo que deben. Algunas de ellas, como la Comunitat Valenciana, frisan ya la bancarrota por el desplome de los ingresos.
La subida del IVA, el recorte del subsidio del desempleo y la eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionarios son parte de ese doloroso peaje, que incluye además la cesión de soberanía con una intervención del Banco Central Europeo de nuestra economía. La frase pronunciada por Rajoy tiene también aires de capitulación en quien no ha logrado, en estos seis meses, recuperar la credibilidad y la confianza en España ante quienes nos insuflan financiación desde el exterior y ahora nos reclaman ajustes draconianos, aún a costa de hundirnos en la recesión y el empobrecimiento, para garantizarse que recuperarán lo que nos prestaron. El presidente está recogiendo los frutos de la herencia recibida, una pesada mochila donde cabe la pésima gestión económica del anterior Gobierno socialista, pero también las de las comunidades autónomas, con las del PP a la cabeza, la de ciertas entidades financieras y la del Banco de España. Y también su propia estrategia de oposición, esperando irresponsablemente la caída de Zapatero como una fruta madura. Sin embargo, no todo es producto del pasado. También empieza a pesar la gestión realizada desde La Moncloa, donde solo brilla la puesta en marcha del plan de pago a proveedores y la decisión política de activar reformas estructurales bajo criterios de austeridad. En estos meses, Rajoy ya acumula unos cuantos errores de bulto, y no solo de comunicación, entre los que destaca el haber retrasado las medidas de fondo e incluso los Presupuestos del Estado hasta después de las elecciones andaluzas. Tampoco fue acertado enfrentarse a la UE autofijando un límite de déficit para España antes de negociarlo con los socios, jactarse de que él es quien presiona a Europa y no al revés, negar la existencia de un rescate o la subida del IVA para finalmente tener que aceptar la realidad de ambas cosas, rehuir las comparecencias públicas para verse forzado finalmente a rendir cuentas en el Parlamento, empeñarse en un rescate directo a los bancos que los tratados europeos impiden, dilatar la reforma de la administración… Rajoy tiene la legitimación y la mayoría necesaria para sacar al país de esta ruina si acierta con sus decisiones. Pero no debe olvidar que el crédito recibido en las urnas no es ilimitado y también puede ir a la quiebra.