Cuando lo urgente se impone sobre lo importante y se echa tierra sobre las raíces de los problemas, lo único que puede ganarse es tiempo. Una vez más, en la cumbre autonómica celebrada esta semana para fijar objetivos de deuda y déficit, se ha hecho tristemente palpable la falta de cohesión, la ineficacia y la insostenibilidad de un modelo territorial que está poniendo en serios aprietos la gobernanza del país, justo cuando más necesaria resulta la unidad de acción política. La insolidaridad de los nacionalistas, los intereses partidistas de algunas comunidades y una cierta torpeza por parte del Gobierno central, al demonizar en exceso el papel de las autonomías para luego pedirles colaboración, dibujan un panorama desalentador de cara a lo que está por venir en los próximos meses. Si la conferencia de presidentes autonómicos que ha convocado Rajoy para septiembre cosecha el mismo resultado que las precedentes (una impostada fotografía de unidad y poco más), nos encontraremos de nuevo ante la evidencia del rácano liderazgo político existente para sustanciar las reformas de fondo. Hace ya muchos años que los consejos interterritoriales creados para garantizar la cohesión, la solidaridad y la equidad de los españoles se convirtieron en escenario para la confrontación partidista. En paralelo se alentó ingenuamente la voracidad competencial de las comunidades, permitiendo que los Estatutos autonómicos rebasaran los límites razonables que fueron fijados en la Constitución del 78 para asegurar la vertebración del país. De esa forma llegamos al blindaje de los ríos y de las inversiones estatales, entre otras bochornosas ocurrencias, durante el mandato de un expresidente que dudaba del concepto de nación y se dedicaba a la extensión de derechos sin pensar si eran sostenibles económica y políticamente. Entretanto, las comunidades de distinto signo político fueron engordando sus estructuras, creando empresas públicas y todo tipo de organismos de dudosa utilidad, que sirvieron para dar cobijo a los afines y para multiplicar la plantilla de empleados públicos hasta límites hoy inaguantables. El resultado final de este proceso es un Estado de arquitectura fallida, que se superpone ineficientemente en diversos ámbitos competenciales y que no tiene límites a la hora de consumir recursos públicos. Los momentos de crisis no suelen ser los más adecuados para encarar las grandes reformas, pero no queda otra que abordar la que atañe al modelo autonómico si queremos recuperar la confianza y la credibilidad de España. Y eso solo es factible con un pacto entre los grandes partidos de gobierno, como sucedió durante la Transición. A tenor de lo visto en los últimos tiempos, esto va a ser harto difícil. Mientras el PP se envuelve en la bandera de España y se llena la boca de grandes palabras, el PSOE intenta reinventar su discurso y lo único que se le ocurre en su congreso de Sevilla es impugnar los acuerdos con la Santa Sede. Vivimos una época marcada por la más cruel de las crisis económicas, pero los problemas de fondo son de mucho mayor calado. Es una lástima que estos tiempos coincidan con la generación de dirigentes políticos más gris de nuestra democracia.