Cuando Barack Obama presentó el pasado lunes a John Brennan como nuevo director de la CIA puso especial énfasis en transmitir a la sociedad que el designado «entiende que somos una nación de leyes». Con el trasfondo de las polémicas prácticas interrogatorias en la lucha contra el terrorismo de Al Qaida, el presidente estadounidense pretendía despejar cualquier duda sobre el futuro sometimiento a la legalidad por parte de su agencia de inteligencia. Tanta insistencia en este punto no es baladí porque el respeto a la ley para la consecución de objetivos políticos es el arco de bóveda que sostiene las democracias. Ese es el nudo gordiano de lo que acontece en Venezuela, a propósito del relevo presidencial provocado por la enfermedad de Hugo Chávez, o en nuestro país, con el órdago independentista de Artur Mas a través de un referéndum imposible bajo el actual marco constitucional. Cualquier objetivo político o acción de gobierno está limitado por la primacía de la ley a fin de evitar arbitrariedades y garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. La reciente sentencia del Constitucional contraria a la modificación de la ley del suelo regional, realizada en su día para la puesta en marcha de la urbanización de Marina de Cope, incide directamente en esta cuestión. El alto tribunal no se pronuncia ni a favor ni en contra de ese proyecto declarado de interés regional, sino sobre una modificación legal que, a juicio de los magistrados, generaba inseguridad jurídica. Los debates ciudadanos y políticos suscitados van por derroteros diferentes, al calor de las legítimas aspiraciones de todas las partes, pero el meollo de la cuestión dilucidada por el Constitucional es ese y no otro. La misma aparece también en el sustrato jurídico del caso ‘Umbra’ cuando la Fiscalía Anticorrupción sostiene que para conseguir un fin político legítimo se ha ido presuntamente «contra la Ley y el Derecho», una acusación sobre la que tendrá que pronunciarse el juez al término del proceso de instrucción sumarial. El Estado de Derecho se asienta sobre principios (respeto a la legalidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley…) que todos tenemos la obligación de respetar y proteger, empezando por los representantes democráticamente elegidos y, cómo no, por los medios de comunicación, que no pueden mirar para otro lado o hacerse los distraídos cuando hay indicios de que pueden haber sido vulnerados. Desde esa perspectiva no caben los santuarios ni para la impunidad ni para la indulgencia, más aún cuando en algunos casos se está minando la credibilidad de instituciones fundamentales para los españoles, como la propia Corona. El grado de convicción y compromiso con estas ideas es dispar en nuestra sociedad y en sus dirigentes, que en ocasiones miran al dedo en lugar de a la Luna ante posicionamientos firmes en defensa de la legalidad. Este periódico que atesora ya 110 años de historia tiene muy claro cuáles son los valores democráticos en cuya defensa está férreamente comprometido. Están recogidos en la Constitución que los españoles aprobaron en 1978 y son los que nos han permitido consolidar una democracia, que aún tiene mucho recorrido por delante para alcanzar los niveles de calidad que hoy demanda la ciudadanía.