Dijo Raphael esta semana en Murcia que se sentía «español por los cuatro costados», y sus palabras me evocaron otras que pronunció hace muchos años el conde de Romanones, a la sazón abuelo de la esposa del artista, Natalia Figueroa: para triunfar como político en España basta con «ser alto, ser abogado y tener buena voz». Y si, como sarcásticamente decía Wenceslao Fernández Flórez, todos los españoles son abogados, mientras no se demuestre lo contrario, probablemente la estatura, que viene programada en los genes, fue en el pasado el factor más limitante para hacer carrera política en un país donde nunca abundaron los ‘gasoles’. Quizá por ello, Franco solo pudo triunfar por la fuerza de las armas, sabedor de que no reunía ninguna de las tres condiciones expresadas por el conde de Romanones. «Hágame caso, no se meta en política», solía susurrar el dictador a sus contertulios. En la actual política nacional y regional cada vez hay más protagonistas altos y con buen timbre, como reflejo de una sociedad mejor nutrida que la de generaciones precedentes. También comienzan a abundar los expertos en leyes en puestos clave de la Administración. De los 35 abogados del Estado que aprobaron la dura oposición en 1996, seis son hoy altos cargos en el Gobierno de Rajoy. Sin embargo, hay demasiados políticos en problemas con la justicia por bordear, a sabiendas o no, los límites de la ley. El desconocimiento de las normas no exime de su cumplimiento y en el saco de los presuntos delitos de prevaricación encontramos a arribistas sin escrúpulos como a personas a los que mayoritariamente se les reconoce bonhomía y honestidad. Pero la justicia es, o al menos debería serlo, una mujer con los ojos vendados ante la que todos, buenas y malas gentes, somos iguales. En un estado de derecho, los tribunales no juzgan trayectorias personales sino que dirimen presuntos incumplimientos de la ley sin hacer distingos. Así es y así debe ser. A quienes administran la justicia hay que reclamarles rigor y la máxima celeridad en la instrucción de los casos, aunque esto último es poco menos que pedirles un imposible si no cuentan con más medios materiales y humanos. Los presuntos casos de corrupción son extremadamente complejos y no han parado de acumularse, hasta cifras sonrojantes, entre otros motivos porque quienes debían ejercer el liderazgo de las virtudes cívicas han sido condescendientes o no se han preocupado de atajar determinados comportamientos irregulares. El todo vale para conseguir fines politicos, excepto meter la mano en la caja, tiene hoy consecuencias funestas porque la justicia es lenta, pero inexorable. Afortunadamente ya no vivimos en la España del conde de Romanones, maestro del caciquismo y el clientelismo que pagaba dos pesetas por voto para mantener su escaño. Ni tampoco en la de Franco, cuando las leyes mordaza impedían ni siquiera informar de estos asuntos. La única venda admisible está hoy donde tiene que estar.