El siniestro cortejo hacia la libertad de terroristas sanguinarios, violadores en serie y crueles asesinos de adolescentes provoca un lacerante latigazo a la moral de una sociedad que, paralelamente, contempla la desvergüenza de políticos como Carlos Fabra, que logran eludir la prisión haciendo uso de todos los vericuetos legales a su alcance. Si estaba anestesiado el nervio ético de la ciudadanía, ahora ha despertado con un rapto de indignación con esta sucesión de excarcelaciones de matarifes de niños y de caraduras de cuello blanco que evitan el presidio. Boquiabiertos asistimos a un fracaso mayúsculo de la Justicia, que atañe a quienes vienen legislando en esta materia desde hace décadas. Tuvieron que pasar 22 años, de 1973 a 1995, para alumbrar un Código Penal que incluía el cumplimiento efectivo de las penas en ciertos supuestos, pese a que ETA ejecutaba con monstruosa voracidad en los 80 y 90. En lugar de endurecer la normativa penal para adecuarla a la extraordinaria gravedad de la brutalidad etarra, el Gobierno de González había optado por defender el Estado de derecho desde las alcantarillas, con la execrable creación de los GAL. Solo a causa del clamor social por las niñas de Alcàsser y Anabel Segura llegó un Código Penal, nacido para acabar con la escandalosa brecha entre la pena fijada en sentencia y la que se cumplía. Es cierto que la Constitución indica que la privación de libertad debe estar orientada a la reinserción. Sin embargo, nada obligaba a mantener la reducción de un día de pena por cada dos de trabajo en prisión, fijada en 1938, y otros beneficios penitenciarios de los que sacaron provecho quienes acumulaban múltiples delitos de sangre. No se quiso, o no se pudo, hallar una vía legal para que matar a 70 personas no saliera igual que matar a una, a efectos de años entre rejas. La posible solución cuajó tarde y mal. Con un cambio de criterio jurisprudencial, de aplicación retroactiva, la ‘doctrina Parot’ del Supremo intentó impedir lo que observamos con estupor por decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa masiva puesta en libertad de sociópatas que en muchos casos no se han arrepentido o pedido perdón por sus delitos cometidos antes de 1995. Algunos aún tienen tendencias criminales, según informes forenses, como se recuerda en los platós donde se rentabilizan el morbo y el miedo. Con ETA ya derrotada, ahora viene la prisión perpetua revisable. El Gobierno promete que el nuevo Código Penal combatirá los delitos ligados a la corrupción, como la financiación ilegal de los partidos, la gestión desleal del patrimonio de terceros y la malversación de caudales públicos. Veremos en qué queda. Hoy, la credibilidad del ministro Gallardón está tocada, tras incumplir su programa sobre la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y preservar el sistema de reparto por cuotas de peso político, con la aquiescencia de casi todo el arco parlamentario. Echando la vista atrás, ya no sorprende tanto escepticismo ciudadano.