Los grandes proyectos estratégicos de la Región de Murcia convergen hoy en un mismo nudo gordiano situado en el corazón de Europa. El posible acuerdo entre Sacyr y el Gobierno regional pasa ineludiblemente por el visto bueno de Bruselas a unas ayudas públicas, en forma de préstamo participativo, para el reequilibrio financiero de la concesión del aeropuerto. También el macropuerto de El Gorguel será o no será si, junto a diversos factores de viabilidad, es considerado por el Gobierno como proyecto de interés nacional y la Comisión Europea concluye que los beneficios socioeconómicos compensan con creces la afectación de lugares con protección medioambiental. Asimismo, la normativa comunitaria es tan clara como exigente en los planes de gestión de los espacios naturales de la Red Natura, lo que, se quiera o no, determinará la validez de un posible pacto entre el Ejecutivo autónomo y los colectivos afectados. Todo lo anterior está sujeto a los principios de la libre competencia y del desarrollo sostenible, dos pilares del modelo económico de la UE. Están recogidos en su Tratado constitutivo y blindados en la legislación comunitaria posterior para asegurar su cumplimiento. Es así y no hay vuelta de hoja. Afortunadamente. Lejos de ser una rémora para la prosperidad de los 27 países miembros, ambos principios son precisamente una garantía de progreso. En este proceso inacabado de integración pocas cosas hay más importantes que la toma en consideración, de forma coordinada, de los impactos sociales, económicos y medioambientales a la hora de decidir políticas o aprobar proyectos. Otra cuestión diferente es que esos procesos embarranquen en una lentitud burocrática exasperante, agravada por la ausencia de una verdadera autoridad política con una visión global. Los españoles, con 17 autonomías invertebradas, no podemos dar muchas lecciones de agilidad, consenso y primacía del interés general. Por eso, por ejemplo, llevamos en su día tres propuestas de corredores ferroviarios a Bruselas o no hemos sido capaces de alcanzar un modelo de financiación autonómica mínimamente satisfactorio para cada territorio. Con la gestión de la crisis del euro se pusieron en evidencia todas las vías de agua existentes en las instituciones comunitarias, eclipsando los aspectos positivos que se derivan de nuestra pertenencia a esa casa común. El resultado es un peligroso ascenso en todo el continente de partidos antieuropeístas que ocultan un inquietante ‘caballo de Troya’. Es evidente que la gobernanza de la UE está necesitada de reformas e impulsos políticos que sintonicen con la ciudadanía, algo que no hicieron los Estados miembros durante los últimos años, obcecados en debilitar el papel de la Comisión y del Parlamento Europeo. Con todo, lo único que hoy es seguro es que los necesarios cambios a mejor no llegarán si se consuma el temido avance electoral de formaciones radicales y xenófobas.