La cuenta atrás para la revisión del modelo de financiación autonómica ha comenzado y la Región de Murcia vuelve a situarse en una encrucijada crucial para garantizar la prestación de los servicios públicos y el bienestar de sus ciudadanos. Como la última vez, cuando gobernaba el tripartito catalán, se produce en un momento político envenenado por el desafío independentista del Ejecutivo de Artur Mas y el consiguiente riesgo de que este nuevo órdago eternice el desigual reparto territorial de la financiación por habitante, que perjudica claramente a la Región, tanto con el modelo aprobado por Aznar como con el de Zapatero. El desafío no ha sido ni será sencillo. En lo político porque en este avispero autonómico cada región querrá imponer criterios de ponderación propicios, desde el incremento de la población o su dispersión al diferente peso en la aportación al PIB nacional. En lo metodológico será también complejo porque el coste real de la prestación de servicios públicos parece un misterio insondable y la contabilidad de las comunidades carece de toda la transparencia necesaria. La posición de partida del frente común formado por la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares es acertada porque, si efectivamente la financiación va dirigida a las personas y no a los territorios, el criterio de población debe ser fundamental en el reparto de fondos. Pero eso no debería ser el único argumento a poner sobre la mesa. Cualquier solución parcialmente beneficiosa para unos territorios, en detrimento de otros, solo perpetuará el problema y abocará a otra revisión del modelo en pocos años. El sistema de financiación autonómica solo perdurará en el tiempo si es transparente, sencillo, equitativo, solidario, lo más consensuado posible y eficaz para atajar el problema de fondo, lo cual será difícil si no se incluyen factores relevantes que hasta ahora no se tuvieron en cuenta, como el nivel de renta de los ciudadanos en cada territorio. Montoro se equivocaría si ahora desanda todo el camino, especialmente en lo referido a la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, impulsado por el modelo vigente, aunque aún de manera insuficiente dado que la gran responsabilidad recaudatoria sigue en manos del Estado. Si no se avanza en esa dirección seguiremos viendo cómo los gobiernos autonómicos de todo signo político se abonan a la reclamación permanente de más fondos a la Administración central y convierten este discurso en un burladero con el que protegerse del coste derivado de sus políticas de gasto cuando las cuentas fallan y se adoptan ajustes impopulares. Recae en el Ministerio de Hacienda la responsabilidad de armar este nuevo modelo, pero lo inteligente por parte de comunidades, como la murciana, la valenciana o la andaluza, sería presentar las bases de una propuesta integral para todos y no solo una justa reivindicación puntual de corto alcance.