Hubiera preferido ver al presidente Rajoy saliendo de la Convención del PP de Valladolid con un ejemplar de ‘La Democracia en América’, de Tocqueville, en lugar del ‘Marca’ bajo el brazo, pero me reconforta, independientemente de lo que diga, verle en la obligación de responder cada semana en el Congreso a las preguntas de control de la oposición, a esa a la que injustificadamente mandó callar. Me hubiera gustado no ver a Zapatero deambulando enmudecido por las cumbres de la UE donde le cantaban las cuarenta por su frívola negación de la crisis, pero me sosegaba el hecho de que en el Parlamento tuviera que responder de sus actos ante la oposición, a esa a la que calificaba injustificadamente de antipatriota. El equilibrio de poderes es un pilar de la democracia y corresponde a las Cortes la obligación constitucional de controlar la acción de gobierno. De ahí que la rendición de cuentas no queda al albur de los deseos o conveniencias de cada gobernante, sino que está fijada en los reglamentos de las dos cámaras nacionales y de las asambleas regionales. Por enésima vez desde 1982, todos los grupos del Congreso de los Diputados acaban de dar los primeros pasos para reformar el Reglamento de la Cámara a fin de aumentar su transparencia, participación ciudadana y control al Ejecutivo. Puede que esta vez fructifiquen los intentos. Los diputados son conocedores del peligroso desafecto ciudadano y saben que la única vía para mejorar la calidad de nuestra democracia pasa por regenerar la vida parlamentaria. La Asamblea regional debería seguir los mismos pasos si quiere revitalizarse y ocupar la centralidad del debate político, lo que no sucede lamentablemente por un cúmulo de factores que vienen de lejos. Habría sido más útil no embarcarse en una reforma del Estatuto, sobre la que no existía ninguna demanda ciudadana, y apostar por una revisión del Reglamento, que en su redacción actual es poco exigente con la figura del presidente y de su equipo a la hora de dar explicaciones en sede parlamentaria. Las comparecencias de los miembros del Gobierno pueden desgastar o afianzar políticamente en ese cruce de interpelaciones con la oposición, pero sin duda fortalecen una democracia que hoy está debilitada y necesitada de credibilidad. Transitamos por etapa preelectoral y la dialéctica de solicitar comparecencias y negarlas obedece a intereses partidistas que son legítimos. Lo triste es que hace un año, y hace dos y tres, asistíamos a la misma atonía parlamentaria. Es muy poco estimulante observar cómo razones de oportunidad política se sobreponen siempre a los intereses generales. Las mayorías se convierten en indeseables rodillos cuando en lugar de propiciar cambios sirven para mantener el statu quo, aun a riesgo de que la Asamblea pierda su función de vigilante del Ejecutivo. Aquí no cabe el argumento de la crisis y la falta de dinero. Es una cuestión de voluntad política. ¿La hay?