Un estudio de opinión pública elaborado por la empresa CSA para ‘La Verdad’, durante la convulsa semana marcada por las declaraciones ante el juez del caso ‘Novo Carthago’, refleja un clamoroso hastío en una sociedad que exige a todas luces una regeneración profunda de la actividad política. Un abrumador 94,1% de los encuestados es partidario de que los dirigentes imputados dejen sus cargos, aunque hay posiciones diversas sobre cuándo deben asumir responsabilidades políticas. Más de la mitad considera que la renuncia debe producirse en el mismo momento de la imputación judicial por la presunta comisión de un delito, frente a quienes abogan por que esa dimisión se sustancie cuando se abra juicio al encausado (12%1), cuando haya sentencia de culpabilidad en primera instancia (10,9%) o cuando el fallo sea definitivo (19,4%). Todos los sondeos tienen sus limitaciones metodológicas y están condicionados por el momento en el que se realizan, pero son la única vía posible para pulsar la opinión de los ciudadanos a lo largo del tiempo o en periodos puntuales. Y pocas veces se ha observado un resultado tan comprometedor para nuestros políticos, desconectados, por lo que se aprecia, de lo que se piensa en la calle. Son muchos los factores que influyen en este clima social, empezando por la convergencia de numerosos asuntos en los tribunales de la Región y del resto del país. La lentitud en la instrucción de los sumarios no ayuda, como tampoco la respuesta poco edificante de quienes en el legítimo derecho a su defensa anteponen su interés por encima del prestigio y el decoro de la institución que representan. Si lo urgente es recuperar la confianza ciudadana en sus representantes, la llamada a cerrar filas y los ataques a la independencia judicial son inútiles, reprobables y contraproducentes. Los discursos éticos no se pueden improvisar si no se han interiorizado y liderado a lo largo de los años, mirando hacia otro lado la mayoría de las veces, salvo cuando la situación resultaba escandalosa. Mantener la presunción de inocencia de quienes estaban ya condenados en primera instancia o relativizar toda supuesta irregularidad legal que no fuera meter la mano en la caja ha sido un mensaje tóxico e irresponsable que perjudica a los políticos honestos, que son la gran mayoría en todos los partidos. De aquellos polvos vienen estos lodos, que atrapan también ahora a quienes están por la labor de oxigenar la vida pública. Si de verdad hay interés en acelerar la instrucción de los sumarios para no prolongar la comprensible angustia de los dirigentes imputados, el Gobierno regional y el PP puede contribuir decisivamente ahora que hay un Ejecutivo central del mismo color. Que reclamen en Madrid más técnicos de Hacienda al servicio del TSJ y que presionen al Ministerio para lograr jueces de apoyo en los tribunales ordinarios. El ‘caso Nóos’ demuestra que, cuando hay un auténtico interés político, la Justicia actúa con celeridad. Lo demás son cortinas de humo para capear el temporal.