El embajador ruso en España lo advirtió en Murcia hace solo unas semanas: la imposición de sanciones económicas a Rusia por la crisis de Ucrania tendría una respuesta de Putin y ésta afectaría a las exportaciones españolas. Y así ha ocurrido. El veto durante un año a las frutas y verduras de la Región puede provocar pérdidas por valor de 120 millones de euros al sector regional, tocado ya por los efectos de la sequía en su producción de secano. La reacción del Gobierno central no ha sido precisamente tranqulizadora. Desde el Ministerio de Agricultura se habla de daños limitados e incluso Rajoy (es de suponer que por efecto de las altas temperaturas) ha llegado a decir que esto va a ser un «acicate y estímulo más para que los productores españoles sigan aportando a la recuperación económica» del país. La realidad es bien distinta, como ha denunciado el sector de la Región, al que no se pueden trasladar las consecuencias de una decisión de política exterior de la UE sin una compensación rápida y justa. Ése es el mensaje que debe transmitir con firmeza el Gobierno regional a Madrid a fin de que la UE adopte con celeridad los mecanismos previstos en la PAC para crisis de este tipo. Y, si las medidas europeas no son suficientes, el Ministerio deberá hacerse cargo de lo que corresponda. Ya ha mareado bastante la perdiz ante las reclamaciones de los agricultores por los daños de la sequía. En el trasfondo de esta actitud cicatera hay una realidad que modula todas las respuestas políticas del Gobierno central: Hacienda ha impuesto un cerrojazo a las arcas de Agricultura (no pararán de repetir extraoficialmente que no tienen fondos) y a las inversiones de Fomento, que busca en la iniciativa privada el dinero necesario para completar su plan de infraestructuras. El objetivo es centrar toda la ayuda financiera en las asfixiadas comunidades autónomas para que estén al día en el pago a proveedores y puedan mantener los servicios básicos, como la Sanidad y la Educación. Puede que sea la estrategia correcta o una de las pocas posibles, pero deja injustificadamente desamparado a un sector que hoy es fundamental para la recuperación de la actividad económica de la Región de Murcia. Si a eso se añade una aplicación arbitraria de los acuerdos que dieron lugar al Memorándum del Trasvase, como ha ocurrido esta semana con la utilización de los bancos de agua, el perjuicio puede ser mayúsculo. Quiero suponer que el Gobierno regional está vigilando la redacción del decreto que regulará los desembalses desde la cabecera del Tajo. En este asunto nadie podrá alegar que la nueva realidad le pilla por sorpresa. En los próximos meses veremos cuál es el desenlace y se podrán extraer conclusiones definitivas sobre el pacto alcanzado por las comunidades gobernadas por el PP para garantizar la disponiblidad de agua en todos los territorios afectados. El otoño seco que se avecina dará la auténtica medida de una gestión política de la que empiezan a recelar nuestros regantes.