Que repentinamente Mariano Rajoy esté dispuesto a cambiar tanto la Constitución, para reducir el número de aforados, como la ley orgánica de Régimen Electoral General, para que los alcaldes sean elegidos directamente por los votantes, solo puede explicarse por la cercanía de unas elecciones con perspectivas inciertas para el PP. Ambas medidas parecen aparentemente encaminadas a recuperar la confianza en la clase política de la ciudadanía, incluida la parte creciente del electorado popular que cuestionaba la falta de liderazgo regenerador de Rajoy. Sin embargo, el presidente se dispone a cometer un error político de primera magnitud si decide, a solo nueve meses de la cita en las urnas, cambiar las reglas de juego sin un consenso amplio con la oposición. Lejos de mejorar la calidad democrática, una reforma electoral aprobada en solitario se interpretará como una cacicada dirigida a salvar a toda costa las alcaldías de Madrid, Valencia, Sevilla y otras capitales de provincia, como Murcia. Y es que no parece discutible que existe un evidente beneficio partidista en una propuesta que podría ser aprobada legítimamente por el PP con su mayoría absoluta, pero a costa de proyectar unas formas muy poco presentables. El actual sistema, que permitió a Tierno Galván y Rita Barberá ser alcaldes de Madrid y Valencia sin el mayor porcentaje de votos, es mejorable porque ciertamente hay casos donde variopintas formaciones con escasa representación se convierten en piezas decisivas para la gobernabilidad de algunos municipios, en ocasiones por intereses bastardos que poco tienen que ver con la voluntad de los votantes. Pero, como no parece esa la principal preocupación del Gobierno, resulta difícilmente justificable plantear en solitario una modificación tan importante a menos de un año de los comicios. Así lo desaconsejan en términos generales la UE y el Consejo de Europa. No por casualidad, este debate coincide con la propuesta desvelada por ‘La Verdad’ que está en estudio por el PP para reformar la ley electoral regional. La idea de ampliar las circunscripciones, para estrechar la cercanía entre los ciudadanos y sus representantes, suscita un lógico recelo en la oposición porque beneficia fundamentalmente al PP regional, supone un cambio diametral de criterio que perjudica a las pequeñas formaciones emergentes, y surge cuando hay inquietud en las filas populares por las expectativas electorales en 2015. La ley regional es susceptible de mejora, pero ésta no debería improvisarse. Cualquier modificación antes de las elecciones solo sería admisible con un consenso mayoritario, hoy poco probable. Si quiere más cercanía con los votantes, el PP, como los demás partidos, tiene la oportunidad, de momento, de aplicar ese criterio en la selección de los integrantes de su próxima lista electoral. Así ganaría parte de una credibilidad que ya pocos están dispuestos a regalar.