La apelación del Gobierno de Rajoy al cumplimiento de la ley como respuesta al desafío independentista de Cataluña no solo es la posición más acertada. Es la única posible porque cualquier cesión a una consulta que no tiene cabida en la Constitución dejaría fuera de la legalidad al propio Ejecutivo que representa a todos los españoles. Es evidente que existe un problema de hondo calado en Cataluña. Habría que estar ciego para desdeñar el amplio respaldo social a las tesis independentistas que se hizo de nuevo visible durante la última Diada. También es cada vez más evidente que la solución solo podrá alcanzarse por la vía del diálogo y la negociación política, aunque ésta deberá estar supeditada al cumplimiento de la legalidad. Primero la ley, luego el diálogo. La consulta del 9 de noviembre no es más que un chantaje a la desesperada promovido por Artur Mas ante la que solo cabe responder con la firmeza del estado de derecho. Una vez superada esa fecha, y analizadas las fichas que muevan los partidos soberanistas (muy probablemente unas elecciones anticipadas de carácter plebiscitario), podría despejarse un escenario de negociación donde podrían debatirse todas las posiciones, desde la reforma constitucional para avanzar hacia el federalismo, la llamada ‘tercera vía’ que ofrezca un estatus especial a Cataluña o sencillamente unas mejoras de su financiación y de su autogobierno. La única certidumbre a día de hoy es que Mas y sus socios transitan por el camino equivocado. Ya no solo porque conduce a la ruina a varias generaciones de catalanes, una opinión que puede ser discutible, sino porque la senda elegida tiene un insalvable obstáculo legal, lo que constituye una certeza incontrovertible. Ese diálogo, que no puede prosperar mientras perdure la amenaza de la consulta, deberá por el contrario avanzar con celeridad pasada la fecha de marras para solventar una situación que, además, está siendo un escollo determinante para otros importantes problemas territoriales que atañen al conjunto del país. Ni el nuevo modelo de financiación autonómica ni un Plan Hidrológico Nacional podrán cuajar con garantías políticas en este contexto. Lo uno y lo otro es urgente para todos. Muy especialmente para la Región de Murcia. La firmeza en la defensa de la legalidad que, con acierto, exhibe hoy Rajoy debe transformarse en celeridad, flexibilidad y negociación para solventar todos nuestros males territoriales. Y eso será mucho más complicado de gestionar porque el peso de la iniciativa y la proactividad recaerán entonces en el Ejecutivo central. Es posible que estemos en el arranque de lo que puede ser un largo ciclo de sequía en el Sureste y lo acometido en relación al Trasvase del Tajo no despeja ni de lejos todas las incertidumbres. Hoy, la liquidez de las arcas de la Comunidad no está tan amenazada, pero la deuda pública sobrepasa los 6.300 millones de euros. Cataluña es una de nuestras grandes heridas, pero ciertamente no es la única que exige un rápido remedio.