Todo lo que dice el Gobierno regional y la oposición sobre nuestra financiación autonómica es globalmente cierto si a la operación no le quitamos interesadamente ningún sumando: el actual modelo nos perjudica, se ha hecho un gran esfuerzo de contención del gasto público en los últimos años, se negociaron mal las transferencias de sanidad y educación, el modelo productivo que llevó aparejado un aumento de ingresos y gastos tenía los pies de barro… La sostenibilidad de la Administración regional y la prestación de los servicios básicos, en un contexto de déficit y deuda elevados, es nuestro principal reto. Superarlo pasa ineludiblemente por un cambio de modelo de financiación. Más aún si el Gobierno de Rajoy, en razón de los compromisos europeos, no relaja los techos de déficit. A no ser que se dispare el crecimiento, no cumpliremos el objetivo ni en 2016 ni en 2017. Hace bien el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, en reclamar que se reactive la comisión técnica que debe pergeñar el nuevo modelo. Ese debe ser un caballo de batalla del presidente Sánchez, en paralelo al impulso del turismo o la reindustralización regional. Si no, ya puede irse olvidando de su prometida rebaja de impuestos. Diseñar un modelo que dé satisfacción a todas las comunidades es difícil, pero también convencer a Rajoy de su urgente necesidad. Al presidente del Gobierno le agobian los problemas territoriales, ya sea el agua o la financiación. Quien le ha oído en privado sabe que sus reformas prioritarias serán la administración electrónica y el mercado único. Y respecto al tema de financiación autonómica se le oye ponderar tanto el criterio de incremento de la población como el de su dispersión. No va a ser sencillo lograr mecanismos de solidaridad, pero a la Región no le queda otra que dar la batalla.