Con miles de familias atrapadas en el despliegue de los huertos solares, y el conjunto de consumidores pagando el cuarto recibo de luz más caro de la Eurozona, seguimos lastrados por errores regulatorios en cadena desde 1990

La Comisión Europea situó días atrás a España en el grupo de nueve países que no lograrán la cuota del 20% en energías renovables en 2020. Lo peor, sin embargo, no es que no hayamos ido demasiado lejos, sino que fuimos demasiado deprisa, cometiendo desde 1990 una cadena de errores regulatorios que dinamitaron la seguridad jurídica de quienes apostaron, por convicción o interés económico, por unas energías limpias que reforzaban nuestra capacidad de suministro y de respuesta al cambio climático. Hoy hay planteados más de 300 recursos de empresas fotovoltaicas en el Supremo por el recorte de las primas a las renovables decretado en 2014. Y dieciocho fondos de inversión extranjeros, junto con grandes corporaciones internacionales, han recurrido a comités de arbitraje internacionales. Lo más sangrante es que existen 65.000 familias, muchas de la Región, que invirtieron sus ahorros en proyectos de energía fotovoltaica en todo el territorio nacional. La historia viene de lejos y tiene una muy difícil solución, porque está ligada a otro gran problema, el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre lo que cuesta producir y distribuir la electricidad y lo que ingresa el sistema eléctrico.
Miguel Sebastián, exministro socialista de Industrial y Energía, no escapó a las críticas del sector fotovoltaico, pero hay que reconocerle que es quien ha hecho el mayor ejercicio de autocrítica apartidista en los últimos años. Según Sebastián, fueron cinco los grandes errores del despliegue de las renovables. En primer lugar haber convertido al sector industrial, en vez de en receptor de las ayudas, en pagador del sistema de primas, junto al resto de los consumidores, a costa de su competitividad. En otras palabras, se debió apostar por más paneles solares en los techos de las industrias y menos en aquellos terrenos que no valían para la inversión inmobiliaria. El segundo error, cometido por Aznar y Zapatero, fue haber incluido las primas en la tarifa eléctrica (a cargo de los consumidores) y no en los Presupuestos del Estado, lo que hubiera obligado a mirar con lupa los decretos de ayudas. La tercera equivocación fue fijar de antemano y a ciegas una prima sin fijar límite a la capacidad instalada, lo que propició la burbuja de huertos fotovoltaicos. El cuarto tropiezo fue remunerar la tecnología en función de las horas producidas sin un límite expreso, de tal forma que cuanto más energía limpia se producía más pagaban los consumidores en el recibo de la luz. Y el quinto, que achaca a su predecesor, Joan Clos, fue no haber impedido la conversión de los proyectos de huertos fotovoltaicos en productos financieros de alta rentabilidad garantizada. Si se hubiera impedido la reventa de esas concesiones administrativas en paquetes fragmentados que se colocaban a pequeños inversores o ahorradores, a través de bancos y cajas que ganaban sus buenas comisiones, hoy no habría miles de familias al borde de la ruina (A otros particulares, por cierto, nos le fue nada mal con las reventas). La crisis, con la consiguiente caída de la demanda de energía, y un déficit de tarifa que alcanzaba los 30.000 millones en 2014, terminan por complicar un panorama endiablado. Porque a todo esto, pese a la liberalización del mercado y las reformas, el precio de la luz que pagan los hogares españoles se incrementó un 60%, impuestos incluidos, entre 2007 y 2014. Hoy ya somos el cuarto país donde más cara se paga la energía de la Eurozona.
La última gota que ha colmado el vaso de la paciencia en Murcia fue la decisión del Ministerio de Industria de enmendar la ley regional que subvencionaba el autoconsumo. Apoyada por todos los grupos de la Asamblea, la norma era una vía para ayudar a esos murcianos atrapados en la burbuja fotovoltaica y para seguir apostando por un sector que en la Región, por sus horas de sol, tendría un futuro espectacular si hubiera un mercado realmente liberalizado y el autoconsumo fuera de verdad impulsado, y no frenado como se está haciendo, para contener el déficit de tarifa. En este complejo asunto es fácil caer en demagogias, versiones de parte o en conclusiones erróneas, pero no parece que nuestros responsables políticos desde 1990 se merezcan una felicitación.