La reunión del Consejo Interuniversitario, la más larga y tensa que se recuerda en los últimos años, proyectó el pasado jueves una lastimosa imagen de división, con dos bandos claramente definidos, justo cuando está en su punto álgido la sensación de caos en la ordenación y planificación de la enseñanza superior en la Región, acrecentado también por el conflicto sobre las prácticas de Medicina de la Universidad de Murcia y la UCAM en los hospitales públicos. La temperatura ambiental y el desenlace del Consejo Interuniversitario eran previsibles. Tanto el día anterior, como solo unas horas antes, la consejera de Educación y el presidente regional ya habían recordado que las decisiones del Consejo Interuniversitario no son vinculantes y que los informes favorables de la Aneca, la agencia nacional que acredita las nuevas titulaciones, y del Consejo de Universidades eran suficientes para que, como siempre en todos los casos, el Gobierno regional diera un respaldo a los títulos de Odontología e Ingeniería Eléctrica de la UCAM, al menos en ese organismo consultivo. El decreto regional que regula desde 2009 la aprobación de títulos le otorga ciertamente a ese organismo un papel marginal: emitir un informe preceptivo pero no vinculante. Con razón muchos de sus vocales salieron de la reunión pensando de qué sirve un consejo interuniversitario que ya en el pasado vio cómo se aprobaba un título por el Gobierno con un dictamen negativo de este órgano consultivo.

Antes y ahora, toda la responsabilidad política recae en el Gobierno regional, que debe decidir, una vez analizados los informes favorables preceptivos (Aneca, Consejo de Universidades y Consejo Interuniversitario) y los desfavorables (UPCT y varios colegios profesionales), pero con los criterios que sí le impone con nitidez ese decreto de 2009. Pedro Antonio Sánchez y su equipo tendrán que ponderar, y justificar públicamente, si las nuevas titulaciones de Odontología e Ingeniería Eléctrica, o Electromecánica si finalmente la UCAM cambia su denominación, tienen en cuenta las «necesidades socioeconómicas y culturales de la Región», «la demanda y las necesidades de los sectores productivos en la Región de Murcia y a nivel nacional e internacional», el «potencial docente e investigador de la Universidad solicitante en las áreas de conocimiento vinculadas a las enseñanzas para las que se solicita su implantación» y la «disponibilidad de centros para la formación práctica de los alumnos», entre otros criterios de ordenación.

En sus únicas declaraciones sobre esta controversia, Pedro Antonio Sánchez defendió que exista una «oferta de calidad plural» en la enseñanza superior y que cada alumno elija dónde quiere estudiar, pero no hizo ninguna alusión a las directrices que el propio PP fijó en ese decreto para que la Administración planifique y ordene con eficacia esa oferta. En el conjunto del país e impulsado por el propio Ministerio, el debate central en la política universitaria va hace tiempo por otros derroteros (exceso de oferta, duplicidad de titulaciones, crisis de las carreras técnicas,…) precisamente para lograr la excelencia docente e investigadora en las universidades públicas y privadas, y no mandar titulados al paro. Fijar posiciones con un único criterio genérico y orillar los que fija la ley regional, como la complementariedad y la especialización en la ordenación de los nuevos títulos, tiene además el riesgo de contribuir a desenfocar la discusión, echando más madera ideológica en un terreno resbaladizo -universidad pública versus privada- que está superado en los países desarrollados, pero que algunos protagonistas locales de esta polémica, en ambos bandos, no paran de alimentar, en perjuicio de un sistema universitario armónico y, por tanto, del interés general.

El curso no ha podido comenzar de forma más convulsa en el mundo universitario que, ciertamente, es muy particular en la Región. Si tenía pocos frentes el Gobierno, ahora se le ha abierto otro no menor en la enseñanza superior. Y solo podrá encararlo con acierto si tiene claro cuáles son sus responsabilidades en política universitaria y busca soluciones de consenso siempre que sea posible.