En la Región donde las familias y los regantes pagan el agua más cara de España, entre otras razones porque las infraestructuras del Estado que atenúan el déficit hídrico repercuten en nuestros recibos, resulta especialmente lacerante la presunta trama descubierta en la cúpula de la empresa pública Acuamed. Mientras que muchos ciudadanos vivían la angustia de hacer frente a sus rampantes facturas de agua y otros muchos la ansiedad de no tener asegurado el riego para sus cultivos, un puñado de presuntos indeseables al frente de una sociedad estatal inflaban el coste de obras hidráulicas en las cuencas del Mediterráneo, mientras recibían dádivas de las empresas beneficiadas, desde dinero en efectivo, como se deduce de los registros policiales, a viajes a Turquía o, pásmense, implantes de pelo. Todo ello con la aparente connivencia, o al menos mirando hacia otro lado, del que fue número dos del Ministerio de Agricultura y hasta el viernes, subsecretario de Presidencia, Federico Ramos. Quien denunció ante sus superiores las irregularidades en Acuamed hace año y medio fue recompensado con su inmediato despedido de la empresa. De no haber acudido el denunciante con posterioridad a la Fiscalía Anticorrupción hoy no estarían ante la Justicia el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y varios directivos de las constructoras que se repartían los sobrecostes pactados en perjuicio de la Hacienda Pública. Las consecuencias de este escándalo no se limitan a las penales. El Ministerio y la UE van a revisar todos los contratos e inversiones de Acuamed, lo que a la postre se traducirá, cuanto menos, en una dilación de algunos proyectos que son urgentes para la Región de Murcia. La falta de controles en las opacas empresas estatales (todavía está bajo investigación el fraude en las obras del AVE) ha quedado gravemente de manifiesto. En paralelo a la investigación judicial y la depuración de responsabilidades políticas, urge reforzar las tareas de transparencia y de vigilancia en la contratación de obra pública.